SUSPENSO GENERAL A LA ADMINISTRACIÓN.
AL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO DE ORIENTACIÓN LABORAL
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y A TODO EL COLECTIVO DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS Y PERSONAS ASPIRANTES
El examen de Orientación Laboral, de este sábado pasado, ha dejado en evidencia una realidad inaceptable; no ha suspendido el personal aspirante, sino que es la propia Administración Pública la que ha cosechado un suspenso general en toda regla.
Las cifras oficiales de este ejercicio no reflejan el nivel de preparación de las personas opositoras, sino la constatación de una aberración difícil de justificar en un marco democrático. De un censo de casi 1.000 solicitantes, se presentaron formalmente al examen 731 personas, de las cuales únicamente 10 más 1 han obtenido el aprobado, resultando suspendidas 720. Una tasa de eliminación masiva e inmisericorde del 98,5% de las personas participantes evidencia de manera inequívoca una desviación de poder o una flagrante incapacidad del propio órgano calificador para diseñar una prueba equitativa, baremable y ajustada a la realidad.
La gravedad de la situación se acentúa al comprobar que el examen apenas contenía preguntas manifiestamente impugnables o errores de bulto en el cuestionario. Lejos de ser un alivio, esto demuestra un diseño blindado y un enfoque deliberadamente hostil. Se ha recurrido a un nivel de retorcimiento tan ajeno a la práctica habitual de la materia que ha transformado el proceso en una trampa insalvable. La Administración Pública tiene la obligación legal de actuar bajo el principio de buena fe (recogido en el artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público), pero la confección de este ejercicio solo destila la mala fe de un tribunal que ha ido a “pillar y a tumbar en masa” a las personas aspirantes.
Es especialmente sangrante e intolerable que este ejercicio pretenda cuestionar de un plumazo la competencia técnica de cientos de personas suspendidas que, muchas de ellas, son, precisamente, las mismas profesionales que sostienen en el día a día el servicio de orientación laboral del SEF. Este personal ejecuta las políticas de empleo con total solvencia, rigor y eficacia de cara a la ciudadanía. Resulta una contradicción flagrante y una falta de respeto inaceptable que la propia Administración tilde de incapaces al 98,5% de su personal técnico en activo, arrojando una duda intolerable sobre una plantilla intachable y ninguneando de manera soberbia sus años de experiencia, su esfuerzo diario, su salud mental y sus recursos económicos.
Esta denuncia apela de forma directa a la Dirección General de la Función Pública como máxima garante del correcto funcionamiento de los procesos selectivos. La cúpula administrativa no puede escudarse de manera cobarde en la «discrecionalidad técnica» del Tribunal ante un desastre estadístico de estas magnitudes. Mirar hacia otro lado ante la desmoralización y el castigo infligido a 720 profesionales convierte a la Dirección General en cómplice por omisión de la degradación de la imagen de las instituciones públicas y del desprecio hacia su propia plantilla.
INTERSINDICAL Servicios Públicos exige la intervención directa y urgente de la Directora General de la Función Pública para asumir la responsabilidad de gestión que le compete, evaluar la desproporción de esta prueba y adoptar las medidas correctoras oportunas para frenar este atropello laboral. Han dejado el proceso selectivo herido de muerte antes de acabarlo.
