REUNIÓN DE INTERSINDICAL SERVICIOS PÚBLICOS CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En la mañana del martes 22 de mayo una delegación de Intersindical Servicios Públicos mantuvimos una reunión con la nueva Directora General de la Función Pública, Carmen María Zamora. Se trataba de una primera toma de contacto en la que la D.G. de la F. P. está reuniéndose con todos los Sindicatos con representación en el Mesa Sectorial de Administración y Servicios.

La felicitamos por su nuevo cargo y nos alegramos de que sea la primera mujer que lo ocupa. En un tiempo en el que el movimiento feminista está consiguiendo poner en primer plano sus demandas y las discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos, consideramos realmente significativo que accedan a puestos de poder, rompiendo de esta manera el machacón techo de cristal que tan difícil es de traspasar.

Previo a esta reunión, publicamos en el Tablón de anuncios nuestras demandas, y registramos los escritos siguientes Reunión con la Directora General de la Función Pública y Anexo Situación Grupos de Trabajo.

Nuestra impresión de la reunión fue que nos encontramos ante una política continuista de sus predecesores, de forma que cualquier demanda de mejora que planteamos tuvo el manido “no hay dinero” que llevamos escuchando demasiados años y ello pese a los anuncios grandilocuentes de la recuperación económica que no llega a los servicios públicos ni al personal que en ellos trabajamos.

Se siguió vinculando el desarrollo de la carrera profesional a la aprobación de la Ley de la Función Pública que, tras 11 años, sigue sin estar adaptada al EBEP. Y aunque los acuerdos suspendidos desde el 2010 con el tijeretazo de Valcárcel aprobaban con fechas concretas el pago del primer tramo de la carrera profesional al personal de Administración y Servicios, se mantiene en vigor la suspensión de esos acuerdos, de forma que, aunque sí hay dinero para pagar el segundo tramo de la carrera profesional del SMS, no nos mostró ninguna esperanza de avanzar lo más mínimo en nuestra carrera profesional.

Así, nos informó de que una vez aprobada la nueva Ley de la FP (no hay fechas concretas) habrá que desarrollar la famosa “evaluación del desempeño” para aplicar la carrera profesional. Ya decimos en el escrito registrado que ni siquiera han empezado los trabajos para definir las funciones de cada puesto de trabajo de la RPT, condición necesaria para la evaluación del desempeño. En otras comunidades autónomas esos trabajos duraron más de 10 años. En definitiva, ninguna esperanza.

Nos comentó que la tasa de reposición de plazas para la OEP rondará el 75%, unas 150. Y nos informó que se unirán las OEPs de 2017 y 2018 que contemplarán tanto la tasa de reposición de los dos años como el plan de estabilización previsto. En cualquier caso está todo pendiente de la aprobación de los PGE de este año que a fecha de hoy siguen sin aprobar. Esperemos que estas Ofertas de Empleo Público sirvan para atajar la temporalidad que está por encima del 30% y acaben con la precariedad en las contrataciones en vigor. Volvimos a poner encima de la mesa la recuperación de las 35 horas que devolvería las cerca de 1.500 plazas desaparecidas con los recortes. Hicimos incidencia en la falta de plantilla en todos los servicios, especialmente en el IMAS.

Nos congratuló la coincidencia de considerar que todos los servicios públicos son prioritarios, de forma que la restricción que sigue habiendo debiera desaparecer, lo que agilizará sin duda la cobertura de plazas de sustitución. Coincidimos en la necesidad de racionalizar los grupos de trabajo abiertos y ponerles fecha de finalización, así como en el compromiso de agilizar la función pública lo antes posible.

En definitiva, le mostramos nuestra siempre colaboración con propuestas constructivas, como venimos haciendo desde que La Intersindical está en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, pero también le explicamos que seguimos desconfiando de las políticas continuistas de este gobierno y le deseamos que tenga la capacidad de modificarlas para mejorar las condiciones de trabajo del personal empleado público que sin ninguna duda repercutirán en la calidad de los servicios públicos.