OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2020

Dos años después, parece que nada ha cambiado en la Administración regional murciana. Ya en 2018 desde Intersindical alertamos de una Oferta Pública de Empleo claramente insuficiente, de que las plazas ofertadas no permitían llegar ni mucho menos a una tasa de estabilidad del 8% que precisamente se debía alcanzar en 2020. 

Y viendo la Oferta Pública de Empleo 2020, seguimos igual. Ni es posible estabilizar a todo el personal interino que trabaja en esta Administración que se eleva por encima de las 3.000 personas, ni se permite la entrada de nuevo personal con las míseras plazas de las ofertas de acceso libre.

Esta organización sindical tiene el deber de denunciar una vez más la pretensión de estabilizar puestos de trabajo y no personas. En Intersindical Servicios Públicos consideramos que la única forma de acabar con la temporalidad es ofertar la totalidad de los puestos de trabajo cubiertos por personas interinas, con lo que habría que aumentar la OEP que trabaja la administración para cumplir con la tasa de temporalidad del 8% aprobado en los PGE 2018.

Para bajar esta tasa de temporalidad por debajo del 8%, para incrementar las ofertas de empleo, para conseguir la necesaria calidad de los servicios públicos y la dignidad del personal que trabaja en ellos, la Administración tiene que ofertar las miles de plazas que hoy están ocupadas por personal interino, sea por programas o sean vacantes, debe estabilizar a las personas que llevan muchos años trabajando y que vienen demostrando día a día su profesionalidad a pesar de la precariedad de sus condiciones de trabajo. Y eso, como venimos exigiendo, se hace mediante un sistema de acceso diferenciado para el personal interino y temporal, un personal, ahora mismo, en fraude de ley.

Además, la implantación de las 35 horas que venimos demandando, desde que los recortes se implantaron provocando el despido de miles de personas, impulsaría la creación de nuevo empleo, devolviendo a los centros de trabajo las plantillas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos y mejoraría las condiciones laborales de quienes en ellos estamos trabajando.

Examinando los datos de la Oferta de Empleo y Promoción Profesional que va a ser debatida en la Mesa Sectorial de esta mañana vemos que:

Se ofertan 166 puestos, que son el 40,09% de las 414 vacantes que existen según esta convocatoria.

De los 6.999 puestos de la Administración, el 10,9% (759) de las personas que ocupan estos puestos tienen 62 ó más años, lo que implica que en muy pocos años se van a producir muchas más vacantes.

Analizando los datos por grupos, encontramos que la menor oferta se encuentra en los grupos D y E, justo los grupos que más vacantes tienen. Y donde se observa mayor precariedad con contratos inferiores a jornadas completas, la mayoría de 25 ó 30 horas.

Esto va a suponer que 359 interinos, que ahora se encuentran cubriendo vacantes, no van a poder estabilizar su situación.

También vemos que los Cuerpos de los que se ofrecen más puestos que las vacantes que tienen son mayoritariamente de los grupos A y B.

Además de las vacantes que no se ofertan están los puestos que no están incluidos en la RPT, que según el Portal de transparencia son 1144. Lo que implica que la consolidación del personal interino está muy lejos de conseguirse al igual que la tasa de temporalidad del 8%.

Por tanto, como hemos señalado anteriormente, desde Intersindical exigimos un modelo de acceso diferenciado, como ya ocurrió en 2007, en el que se oferten plazas de consolidación de empleo para el personal interino de larga duración y plazas de acceso libre para revertir los recortes impuestos en los servicios públicos que, tras esta pandemia, se han demostrado nefastos para la ciudadanía. 

Desde Intersindical Servicios Públicos consideramos imprescindible un aumento significativo de la oferta de plazas para ir acercándonos a los acuerdos tomados. Esta oferta es claramente insuficiente, no va a suponer consolidación del personal ni interino ni temporal y desde luego no va a mejorar ni las condiciones en las que desarrollan su labor el personal de la Administración Regional ni la calidad del Servicio Público