LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN LA HUELGA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL IMAS

La Intersindical Servicios Públicos lleva años denunciando cada uno de los servicios públicos que se van privatizando: comedores, lavanderías, seguridad, limpiezas,… Hemos denunciado las distintas reformas laborales que con la excusa de la crisis-estafa han venido a facilitar despidos y empobrecer a las personas trabajadoras.

 

En los últimos años la Administración ha estado contratando estos servicios “a la baja”, es decir, en el propio anuncio sobre la licitación de los contratos a empresas para realizar estos trabajos, uno de los criterios prioritarios es el que licita más bajo. Es evidente que las empresas que se presentan a estos concursos buscan el beneficio económico y parece claro, y así lo hemos denunciado en todas las ocasiones, que estos beneficios solo recaen en las cada vez más precarias condiciones de las personas que trabajan en esas empresas.

Así, nos encontramos con contratos a media jornada cotizados a la baja de trabajadoras y trabajadores que realizan más de 8 horas de trabajo, con salarios tan precarios que mantienen la pobreza a pesar de ellos, con horarios imposibles que dificultan la conciliación personal y laboral y vemos el aumento del deterioro de la salud laboral de las personas empleadas.

Especialmente grave es la baja calidad de los productos que se utilizan en los servicios de limpieza que no solamente repercuten en la salud de quienes los manipulan, sino que la necesidad de la calidad de la limpieza de edificios públicos, especialmente en centros sanitarios y asistenciales, es insuficiente a todas luces, por más que se empeñe el personal de limpieza en mantenerlos. Solo hay que ir de visita para comprobar esta afirmación.

No es de recibo que la Administración no incluya en los contratos clausulas sociales, que no vele por las condiciones laborales de las personas que trabajan para las empresas adjudicatarias porque esta dejadez y “racanería” en la contratación repercute en el deterioro de los servicios públicos que dependen de ella. Y es su obligación velar por ellos, es su obligación velar por la seguridad y calidad de los servicios que se prestan a las personas usuarias de estos servicios públicos. Exigimos el establecimiento de cláusulas sociales en los contratos públicos y aumentar los servicios de inspección dependientes de la CARM para el seguimiento de las empresas adjudicadas.

En la Intersindical Servicios Públicos seguiremos defendiendo que solo se garantiza la calidad de los servicios con personal empleado público. Exigimos la recuperación de los servicios privatizados para la gestión pública directa y con personal propio. Exigimos ofertas de empleo masivas en las que la experiencia sea prioritaria para dar amparo a las personas que, trabajando en los servicios públicos, son explotadas por las empresas contratistas a las que pertenecen.

Defendemos el derecho de las trabajadoras y trabajadores a unas condiciones laborales y a unas retribuciones que permitan una vida digna y  a la protección de la salud en el trabajo.

 

Foto: Diario La Opinión de Murcia