mediante Decreto

ITV mediante Decreto

ITV mediante Decreto

Las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, Intersindical Servicios Públicos, CCOO, FeSP-UGT, CSIF y FSES, expresan su más profundo malestar por la actitud del gobierno regional en relación a las inspecciones técnicas de vehículos murcianas.

No vamos a entrar en un cruce de declaraciones que creemos innecesario, están en juego puestos de trabajo y servicios públicos prioritarios, tan sólo, a tenor de las últimas informaciones de liberalización total de las ITV regionales, incluida la ITV pública de Alcantarilla, queremos señalar una serie de cuestiones:

En primer lugar, exigimos que se haga público, para que así la población murciana lo pueda saber, si hay alguna empresa u organismo con el que se haya contraído compromiso de concesión de la ITV pública de Alcantarilla. Queremos transparencia, de hecho existe una Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno, que debería mostrar a la opinión pública los informes que avalan el proyecto de privatización, proyecto que supondría, por una parte, supresión de puestos de trabajo de personal empleado público, y por otra, regalar a las empresas privadas los cuantiosos ingresos que podrían revertir en las empobrecidas arcas regionales. Tenemos que recordar que, si a la ITV de Alcantarilla se le dotara de los medios materiales y humanos que los trabajadores y organizaciones sindicales hemos reclamado a la Administración, aquélla podría generar alrededor de 5 millones de euros anuales. Ni más ni menos.

En segundo lugar, también queremos conocer qué situación legal tienen las certificaciones que están expidiendo las ITV regionales después de haber expirado, el pasado 4 de septiembre, el contrato de concesión de estos centros de inspección y no haberse aprobado por la Asamblea Regional el proyecto de Decreto del Partido Popular. Estamos ante un evidente vacío legal que genera una enorme inseguridad jurídica para las concesionarias, la Administración e incluso los usuarios del servicio.

En cuanto a la pretensión de la Administración de regular esta materia mediante Decreto del Consejo de Gobierno debemos tener en cuenta que así lo indicó también el dictamen n.° 196/2017 de 31 de julio de 2017 el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que señaló que esta materia debe ser regulada mediante Ley. Además, no entendemos cómo el propio Decreto derogado el 2 de agosto declaraba urgente regular las ITV regionales y ahora se puede prorrogar su regulación.

Las organizaciones sindicales Intersindical Servicios Públicos, CCOO, FeSP-UGT, CSIF y FSES exigimos transparencia, documentos técnicos y legales y mantenimiento de la ITV de Alcantarilla como pública. Sobre esa base seguiremos, como siempre, abiertos al diálogo y a la negociación. El oscurantismo y las acusaciones sin fundamento, sólo nos llevarán a movilizaciones que no benefician ni a empleados ni a usuarios.

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