Itv de gestión pública

NOTA DE PRENSA

Las organizaciones sindicales INTERSINDICAL Servicios Públicos, FSES, FeSP-UGT, CSIF y FSC-CCOO hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de sacar a subasta pública las concesiones administrativas de las estaciones de ITV, incluyendo en uno de los lotes la ITV de gestión pública de Alcantarilla, por un periodo de 15 años y un montante de 225,5 millones de euros. El primer paso ha sido la publicación de un Anuncio con errores materiales y de difícil localización en el Diario Oficial de la Unión Europea. La decisión se enmarca en una situación de déficit público galopante, la insuficiencia de ingresos para equilibrarlo e iniciar la minoración de la deuda pública, inexistencia a la fecha de un nuevo modelo de financiación autonómica que equilibre las cuentas públicas, exigencias del sector privado de fortalecer la llamada colaboración público privada y una evidente crisis institucional.

La misma Administración ha calculado los ingresos de las concesiones administrativas de los lotes de las ITV en unos 48 millones de euros anuales incluyendo el IVA. Resulta evidente a todas luces que es un negocio redondo prestar un servicio público con un usuario que legalmente está obligado bajo sanción a pasar la revisión de la ITV. Un servicio con importantes beneficios que se podrían destinar a equilibrar las cuentas regionales, a mejorar, por ejemplo, la deteriorada sanidad regional o cualquier otro servicio público esencial. No hay justificación ideológica o económica que justifique que la gestión de las ITV esté en manos privadas. Dado el servicio que presta, las ITV son rentables desde el minuto cero y reportará mayores beneficios si su gestión es pública.

La forma de iniciar el proceso de licitación de las estaciones de ITV de la Región de Murcia nos devuelve al oscurantismo que envolvió la anterior concesión de las mismas, allá por 1997. No hubo regulación alguna de su régimen de explotación (a fecha de hoy continuamos con un régimen transitorio a falta de legislación regional) y la Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de 21 de julio de 1997, que adjudicó, por procedimiento abierto y forma de concurso, la concesión de la gestión y explotación de las ITV, está, por parte de las organizaciones sindicales firmantes de esta nota de prensa, en “búsqueda”. Ni siquiera hemos sido informadas en ningún momento de la decisión de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de privatizar la ITV de Alcantarilla, la única gestionada directamente por la Administración Regional, a pesar de que tal decisión supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el mismo, lo que obliga a la negociación colectiva de acuerdo con el EBEP. Pero es que además, la crónica de la muerte anunciada de la ITV de Alcantarilla se ha ido pregonando desde hace años desde la práctica diaria de la Consejería responsable y también desde su teorización posterior. Todos sabemos del deterioro de sus instalaciones, de su falta de personal, de su desorganización propiciada por la dirección política de la Consejería. Y también de los comentarios (primero se destruye y luego se teoriza) sobre el mal funcionamiento de la misma en comparación a las ITV privadas. Hace años que la dirección política de la consejería decidió abandonar a su suerte a la ITV de Alcantarilla negándole cualquiera de las herramientas necesarias para gestionarla eficaz y eficientemente. Unas inversiones mínimas en todo caso. A pesar de todo, la ITV de Alcantarilla tuvo en 2016 unas 70.000 revisiones y, como decimos, fue altamente rentable. También deberá explicar la Consejería competente quién prestará el servicio de retroquelado del número de bastidor, competencia exclusiva de la ITV de Alcantarilla, si finalmente continúa con el despropósito de privatizarla. No parece que ese servicio pueda ser de gestión privada en ningún caso.

Las organizaciones sindicales FSC-CCOO, FSES, INTERSINDICAL SSPP, FeSP-UGT y CSIF consideramos que las ITV de la Región de Murcia deben ser públicas porque redundará tanto en un aumento de los ingresos públicos como en la mayor seguridad vial del parque móvil regional. Durante los últimos años las concesiones administrativas han sido una ruina para la ciudadanía, desde las autopistas privadas hasta el Aeropuerto de Corvera, pasando más localmente por el tranvía de la ciudad de Murcia. Una ruina y un despilfarro del dinero de los ciudadanos. El anuncio de la licitación ha sido adornado por la Consejería con un guiño a la ciudadanía. El aumento del número de las estaciones de ITV repercutirá, según su responsable político, en un abaratamiento de los precios. Tal apreciación resulta risible. Cuando un servicio público es prestado en régimen de concesión, sin posibilidad de optar por uno de gestión pública directa, las empresas terminan por imponer sus precios que o repercuten en los usuarios o terminan por asumirlos la Administración. Lo vimos en el chantaje al que fue sometido la Generalitat Valenciana por parte de los hospitales de gestión privada de dicha comunidad autónoma. Se corre el riesgo de que lo que es rentable por naturaleza se convierta en una sangría económica para el bolsillo de la ciudadanía murciana. Ejemplos anteriores, los tenemos en abundancia.

FSES, FeSP-UGT, CSIF, FSC-CCOO e INTERSINDICAL SSPP nos reunimos el lunes pasado con todos los grupos políticos de la Asamblea Regional (CIUDADANOS, PODEMOS, PSOE y PP), transmitiéndoles nuestra propuesta, que consideramos que coincide con los intereses generales: La gestión directa de la red de ITV regionales. No solo por razones de rentabilidad y uso eficiente del dinero que la ciudadanía paga mediante los impuestos, también por seguridad vial y protección responsable del Medio Ambiente. Estamos a la espera de respuestas, pero no se puede permitir que se repita el mismo proceso de concesión administrativa de 1997, esa oscura manera de llevar asuntos que deben ser públicos y transparentes. Precisamente la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción política. La transparencia y el debate ciudadano, cosas ambas que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo quiere hurtar tanto en sede parlamentaria como en la calle.

CSIF, FeSP-UGT, INTERSINDICAL SSPP, FSES y FSC-CCOO defendemos y defenderemos los servicios públicos. Exigimos que la red de ITV regional sea pública.

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