ITV Alcantarilla

SI ES RENTABLE… ¿POR QUÉ LO PRIVATIZAS?

ITV Alcantarilla

Veinte años ha tenido el gobierno de la Región de Murcia para recuperar para las arcas públicas el dinero que generan las ITV que operan en nuestra Comunidad y, en lugar de eso, las privatiza todas.
Corría el año 1997 cuando la Comunidad Autónoma, ya en manos del Partido Popular, comenzó a privatizar estas estaciones de inspección, en concreto cuatro, las dos de Cartagena, la de Jumilla, Lorca y Caravaca, liberalizando para más tarde la de Molina de Segura y San Pedro del Pinatar, y dejando como única ITV pública la de Alcantarilla. A lo largo de estos años, las empresas adjudicatarias de estas concesiones han obtenido cuantiosos beneficios por la gestión de sus ITVs y, en cambio, la relación ITV Alcantarilla – Gobierno Regional ha sido la de una unión desigual: mientras Alcantarilla da dinero (alrededor de 2.600.000 de euros en ingresos, por 1.000.000 en gastos), la Administración “regala” dejadez en las instalaciones (el último episodio, unas enormes filtraciones de agua en la techumbre), jubilaciones sin cubrir, incumplimiento de ratios de mecánicos por líneas de inspección de vehículos e inseguridad de los trabajadores respecto a su destino laboral.
En septiembre expira el plazo de gestión de todas las ITV mencionadas y el gobierno, en lugar de asumir la gestión de todas las estaciones, convertirlas en públicas y beneficiarse de sus ingresos, no sólo saca a concurso público la gestión de las que ya son privadas para los próximos 15 años, sino que mete en el mismo lote la única ITV pública de nuestra región: la de Alcantarilla. Este anuncio de concurso, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, tiene un importe de 225.614.922,26 euros (“IVA excluido”), e indica que se sacarán a licitación seis lotes, en los que cada uno incluirá la explotación de tres ITV, junto a una estación móvil que se desplazará a otras localidades para chequear tractores, ciclomotores…
Dado el revuelo que ha supuesto estos días la publicación en los medios de comunicación de todas estas noticias, el Gobierno Regional contraatacó con un comunicado en el que fijaba dos objetivos para la nueva concesión: “En primer lugar, una mejora del servicio a los ciudadanos con, entre otros aspectos, el incremento de las unidades de ITV, que pasarán de 8 a 19 en la Región (…). Esto implicará menos colas a la hora de las revisiones y desplazamientos menores. En segundo lugar, conllevará una revisión a la baja de las tarifas aplicadas.” (Diario La Verdad, 09/02/2017).

ITV Alcantarilla
El problema es que, quizá, el autor de estas declaraciones, el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, desconoce la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la actualización automática de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), pronunciándose en contra de la congelación de las tarifas a percibir por las concesionarias de la ITV en esta Comunidad (acordada por la Dirección General de Industria y Empleo de la Junta el 2 de julio de 2012, con una rebaja del 20% del precio de las ITV), porque, según se justificó, «eran las más caras de toda España».
Si los tribunales han sentenciado negativamente la congelación de precios de las ITV arbitrada por el Gobierno de Castilla y León, ¿qué garantiza que en la Región de Murcia no ocurra lo mismo si los precios de las ITV se bajan de forma temeraria por parte del Gobierno regional?
Despropósitos, medias verdades, comunicados en prensa y mutismo a los trabajadores, privatizaciones, supuestos amiguismos, gestiones de lo público que rayan lo kafkiano…, No entendemos, sinceramente, no ya como representantes sindicales, sino como ciudadanas y ciudadanos, cómo un gobierno quiere desperdiciar el dinero que genera la gestión pública de las cosas.
Intersindical Región Murciana exige:

  • La no privatización de la ITV de Alcantarilla,
  • La estabilidad en el empleo de todo el personal de las estaciones,
  • El inmediato rescate de todas las concesiones ahora privadas y su vuelta a la gestión pública,
  • La cobertura de bajas y vacantes por jubilaciones,
  • El cumplimiento de las ratios de mecánicos, y
  • La inmediata inyección económica en las instalaciones.

Todo ello para ofrecer el servicio de máxima calidad que merecen los murcianos.

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