FUNCIONARIOS DE TERCERA

FUNCIONARIOS DE TERCERA

 

Según datos ofrecidos por el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el personal de Administración y Servicios (que engloba a la Administración General y Organismos Autónomos), soporta una tasa de temporalidad del 25,38%. Una tasa superior refleja el ámbito sanitario (34,41%) y más contenida en el sector docente (10,73%). En resumen, la función pública regional arroja una tasa media de temporalidad del 23,5%. Ello es la consecuencia del abuso, durante más de una década, de la contratación de personal interino ligado a la total ausencia en ese periodo de procesos selectivos ordinarios.

Este problema que ha generado la Administración Regional como principal empleador de la Región, no es exclusivo de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, en marzo de 2017 se firmó en Madrid un pacto por el empleo de alcance nacional, en el que el Gobierno de España y las principales fuerzas sindicales acordaron un marco para, entre otros aspectos, iniciar procesos de estabilización del empleo público con la finalidad de situar la tasa de temporalidad de las AAPP por debajo del 8%. Con ese objetivo se estableció que, sin computar a efectos de tasa de reposición de efectivos, las AAPP podrían llevar a cabo procedimientos de estabilización de plantillas (consolidación de empleo temporal) en los sectores de sanidad, educación, justicia y determinados sectores de la denominada administración general (asistencia social, gestión tributaria, policía local, inspección y sanción de servicios…). De este modo, según el Acuerdo se podrán convocar a través de estos procesos de estabilización las plazas ocupadas al menos tres años, pero siempre que pertenezcan a alguno de los sectores referidos. El reflejo legal de este Acuerdo vino recogido en la Ley de Presupuestos Generales de 2017.

Esta delimitación de las plazas que pueden ser objeto de consolidación de empleo ha generado la aparición de una nueva categoría de empleados públicos de “tercera”. Tal como se está viendo en las negociaciones de la próxima Oferta de Empleo Público en la Región de Murcia, resulta que en las plantillas de la función pública regional tenemos funcionarios de carrera y laborales indefinidos (empleados públicos de primera), funcionarios interinos de sanidad y educación (empleados de segunda que, con un desempeño de tres años, tendrán la opción de consolidar sus puestos de trabajo y pasar a ser empleados de primera) y funcionarios interinos de tercera categoría. Este último eslabón del escalafón, en el que se encuentran la mayoría de los funcionarios interinos del sector de Administración y Servicios no tiene la posibilidad de consolidar sus puestos (al menos no la mayoría de ellos), a pesar de ser el colectivo que acumula mayor antigüedad media en situación de interinidad e inestabilidad. La Administración Regional ha puesto sobre la mesa de negociación apenas 500 plazas para esta vía de reducción de temporalidad, dejando fuera a más de 1.300 funcionarios interinos de tercera….Aunque el dato no es ofrecido de forma oficial por los responsables de la función pública regional, dado que podría ser sonrojante, no es difícil aventurar que ese requisito que establecía el Acuerdo firmado en Madrid de desempeño de puestos por más de tres años, sería una broma al lado de una media de desempeños de siete, ocho o nueve años en el sector de Administración y Servicios. Es decir, mucho más del doble de lo que siempre se ha considerado como el postulado básico para articular procesos de consolidación de empleo. Así, tanto en la consolidación de empleo regional del año 2000, como en la del año 2006-2007, el requisito que habilitaba a convocar plazas por sistemas de consolidación de empleo, siempre fue que las mismas estuviesen ocupadas un mínimo de tres años. En la actualidad, la mayor parte del personal funcionario interino de Administración y Servicios puede acreditar desempeños de más de siete años, sobrepasando un alto porcentaje los diez años de servicios prestados.

La situación expuesta plantea un agravio comparativo entre trabajadores de la misma empresa que difícilmente sería asumible en el ámbito laboral de la empresa privada, sin embargo en la función pública regional el abuso de la figura de la contratación interina (según Ley, por extraordinaria y urgente necesidad), ha provocado la existencia de cientos de interinos de muy larga duración que, a la vista de los planteamientos políticos y legales señalados, no tendrán derecho a estabilizar sus empleos, en contraposición a sus compañeros de los ámbitos de sanidad y educación.

Por todo lo expuesto AFIC, reclama que se ponga fin a la discriminación generada por los gobiernos central y autonómico, y se considere la necesidad real de consolidar y estabilizar plantillas en función exclusivamente de la antigüedad de los empleados públicos y no en función del sector en el que se ubican o la tarea que desempeñan dado que, esto último es completamente aleatorio e intrascendente desde el punto de vista de los derechos laborales.

Comunicado AFIC

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