EXPLOTACIÓN LABORAL EN CENTROS EDUCATIVOS

EXPLOTACIÓN LABORAL EN CENTROS EDUCATIVOS

En la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, la Administración introdujo en el orden del día un punto “Módulo económico de la Ley de gratuidad de los libros de texto”. Hemos querido hacer un boletín específico con este tema por la gravedad de la situación.

 

Se hizo una propuesta inicial para que el personal administrativo de los centros escolares asumiesen la “recogida, comprobación, preparación, marcado y distribución de los libros de texto y el material curricular para su reutilización, además de aquellas tareas que aún pueden regular”. Todo este trabajo deberán hacerlo al final y al inicio del curso escolar 2018-2019 y se le abonaría 60 € por cada unidad escolar que deban preparar. Aparecía como algo obligatorio, en el literal “..se realizarán por el personal de administración y servicios que preste servicios en cada centro docente” asegurando que si no había en algún centro personal administrativo sería el personal administrativo de centros del mismo municipio o municipios limítrofes que sí cuenten con este personal.

Desde Intersindical Servicios Públicos se presentó y defendió el siguiente escrito:

Nos parece increíble que la administración proponga que sea el propio personal administrativo de los centros que asuma “la recogida, comprobación, preparación, marcado y distribución de los libros de texto y material curricular, además del resto de tareas que se regulen reglamentariamente”. Y estas nuevas funciones al final del curso y al inicio del siguiente, es decir, cuando las secretarías de los centros no dan abasto con notas, matrículas, EBAU, promociones, organización de horarios y, no olvidemos el resto de ayudas de libros de texto que acabó el plazo el 22 de junio y estos días están grabando una media de entre 150 y 200 expedientes, con todos los datos de la unidad familiar.  Y encima, con las secretarías de los IES bajo mínimos, con centros con alumnado superior a 500  y una sola persona en ella o en primaria,  con centros con como mínimo 400 alumnos y alumnas y en muchos casos compartiendo dos centros la misma persona auxiliar administrativa.

Y todo eso por 60. Nos parece una idea inmoral por parte el Consejero de Hacienda, que debiera saber, porque es su obligación, lo precarias que están las secretarías de los centros escolares de recursos humanos tras la destrucción de empleo en los últimos años y la racanería para cubrir las mínimas necesidades de los centros en cuanto a ratios. Lo que consideramos es que hay que actualizar urgentemente las ratios en educación pues todos los centros están infradotados y encima, no se cumple con el acuerdo de 2001; es urgente dotar de personal suficiente para atender las necesidades de los centros escolares, y mientras se hace este trabajo obligado,  contratar personas a jornada completa para llevar este programa específico, los meses de junio/julio y los meses de septiembre/octubre como poco, eso sí, dotando a los centros educativos de los  medios técnicos y específicos para el trabajo requerido.

No solo no vamos a apoyar esta propuesta, sino que nos negamos tajantemente a que se lleve a cabo. Intersindical Servicios Públicos considera que esto no es mejorar la calidad en la enseñanza pública, esto más bien parece explotación laboral.”

Esta era nuestra postura previa, después de analizado en profundidad el citado “Módulo económico de la Ley de gratuidad de los libros de texto”, pero es que la postura posterior a la Mesa de negociación, después de escuchar los argumentos de los representantes de la Consejería de Educación y sobre todo la actitud de la Dirección General de Función Pública, no puede ser más negativa.

La proposición de ley que promueve la gratuidad de los libros de texto para el alumnado de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en centros públicos y concertados de nuestra Región, mediante la creación de bancos de libros de texto en los centros escolares fue aprobada el pasado 22 de marzo del presente año, hace apenas 2 meses y medio, y precisamente ese corto espacio de tiempo para trasladar una ley a la realidad del trabajo diario en los centros educativos es el principal argumento de la Consejería de Educación para reconocer fallos e indefiniciones en la forma que se llevará a cabo la medida.

Pero, analicemos el argumento de la Consejería. Dos meses es poco tiempo, de acuerdo, pero, ¿acaso no es capaz la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de organizar un sistema de préstamo de libros en condiciones o esa incapacidad de gestión es una muestra más de la falta de personal en la Administración Pública Regional?  ¿Por qué siempre tiene que ser el personal de administración y servicios de nuestras escuelas e institutos públicos los que tengan que hacer el trabajo más penoso, sin formación ni aviso previo, sin capacidad para organizar su vida familiar y laboral y sin apenas recursos materiales? Y si ese pago de 60€ es por unidad educativa, ¿no saldría más a cuenta contratar personal extra para los meses de junio, julio y septiembre que realizara ese trabajo?

Pero en este relato de situaciones esperpénticas falta la traca final. Ante la negativa por parte de algunas organizaciones sindicales a aceptar la propuesta de la Administración, la Directora General de Función Pública, de repente, dijo que se subía el pago de 60 a 80€. Sin despeinarse y parecía que con la absoluta complicidad, pactada de antemano, de la representación de la Consejería de Educación, que no sabía ni dónde mirar de la -esperamos- vergüenza que sintieron en ese momento.

Intersindical Servicios Públicos entiende la Mesa Sectorial de Administración como un espacio de negociación serio, en el que las organizaciones sindicales trasladamos a la representación institucional las demandas del personal de la CARM, donde intentamos negociar condiciones laborales bajo la premisa de la buena fe entre las partes. Por eso, nos negamos a que estos espacios se conviertan en mercados de abasto, en los que, como solución a un problema de organización y estructura, aumentamos como por arte de magia la dotación presupuestaria.

No es serio, no es normal, no es de fiar porque puede significar que a partir de ahora los asuntos que se traten en las mesas de negociación se organicen, se “cocinen”, a espaldas de las organizaciones sindicales…, o puede que se pacten entre algún sindicato y la Administración y a espaldas de las demás organizaciones sindicales… Podemos enfrentarnos a un escenario de oscurantismo que no interesa a nadie y que no casa con esa idea que nos trasladó la Directora General nada más acceder a su cargo: la idea de la confianza mutua, el diálogo y la transparencia.

Así no, señora Directora.

 



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