AGENTES DE SEGURIDAD

COLECTIVO DE AGENTES DE SEGURIDAD

 

¿PARA CUÁNDO LA RECLASIFICACIÓN DEL COLECTIVO DE AGENTES DE SEGURIDAD?

 

El pasado lunes 25 de septiembre fuimos citados todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios a una reunión con el Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios para hablar de las reivindicaciones de los Agentes de Seguridad de la Administración Regional, su convocatoria a una concentración para el miércoles 27, ante el Palacio de San Esteban y la reactivación del grupo de trabajo sobre este colectivo que en su día se acordó establecer.

Para hacer un poco de memoria, este conflicto deriva de la presunta intención por parte de Función Pública, manifestada desde hace muchos años, de reclasificar a todo el personal posible del colectivo del C2 al C1. En parte por inacción de la administración y en parte por discrepancias por el número de funcionarios que debían promocionar, el tema se ha ido aparcando hasta llegar a un punto en el que, ante la pasividad y la falta de soluciones reales de la Administración, el colectivo de vigilantes ha decidido reivindicar sus derechos laborales por medio de concentraciones ante la puerta del Gobierno Regional.

El Director General comenzó la reunión reconociendo la falta de diálogo entre las dos partes y lo achacó al tiempo en el que la dirección ha estado con una gerencia interina, pero indicó que ahora que él se había reincorporado estaban totalmente dispuestos a negociar.

Señaló además que en la convocatoria de concentración se había pedido cita con el Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Esa cita, para él, no tenía sentido porque de lo que se quiere hablar es de empleo y funcionamiento, temas que se deben tratar, respectivamente, con él y con el Director General de Patrimonio. Siguió diciendo que ya ha habido avances a lo largo del tiempo:  Centralización del colectivo, homologación retributiva, mejora de la imagen, seguridad jurídica, centro de control de trabajo, cursos específicos…; que entendía sus demandas pero debía haber homogeneización simultánea de todos los colectivos (conductores, ATEs, agentes tributarios…) que también piden la reclasificación.

Nos pidió que reflexionáramos, que quería llevar el tema a la Mesa Sectorial de Administración y Servicios (10 de octubre), que la mejor forma de que el colectivo promocione del C2 al C1 es a través de una ley con el refrendo del Consejo Jurídico, en todo caso a través de un curso, pero que, por encima de todo, la condición para tener una reunión con el Presidente de la CARM, el Consejero de Hacienda, él mismo o reactivar el grupo de trabajo era la desconvocatoria de concentración.

 

Intersindical Servicios Públicos pone por delante su capacidad de diálogo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, y demanda de la administración regional la misma capacidad sin condiciones previas y unilaterales. De hecho, comenzamos nuestra intervención agradeciéndole la reunión, exactamente igual que lo hacemos en este momento, pero para restablecer el diálogo es necesario eliminar restricciones, el derecho a manifestación y concentración es un derecho fundamental, e intentar cercenarlo no beneficia a nadie.

Esperábamos que en la reunión, como se nos había dicho previamente, íbamos a tener una propuesta en firme. No hubo tal propuesta, como no la ha habido en demasiadas ocasiones y con demasiados colectivos a los que se les ha prometido las mejoras que les corresponden y nunca más se supo. INTERSINDICAL Servicios Públicos pedimos hechos, no palabras.

Queremos una propuesta firme, calendarizada, que contemplaría la estabilización en el empleo de los interinos de larga duración, la creación de una Ley de Creación del Cuerpo de Vigilantes de Seguridad, la cual proporcionaría seguridad jurídica real y una verdadera ubicación legislativa a estas empleadas y empleados públicos, y además permitiría la reclasificación a C1 de los Agentes de Seguridad Interna de la Comunidad Autónoma.

De igual forma, exigimos el rescate para la Gestión Pública Directa de la Vigilancia y Control de Accesos en todos los ámbitos actualmente privatizados. Esa gestión directa nos ahorraría en las arcas públicas ¡¡ 10 millones de euros anuales !! ¿No era que debemos ahorrar?

Hasta que nos escuchen y nos pongamos todas y todos manos a la obra, reivindicaremos nuestros derechos. Porque es justo y necesario.

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