CESE DE PERSONAL FUNCIONARIO

INTERSINDICAL SERVICIOS PÚBLICOS DENUNCIA EL CESE DE PERSONAL FUNCIONARIO EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE.

Esta organización sindical exige a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y al Gobierno Regional que abandone la política de parcheado y afronte, con el concurso de las organizaciones sindicales, un proceso de estructuración de las direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor y Medio Natural, que permita más empleo público estable y mayor agilidad en la tramitación de expedientes.

Durante los meses de febrero y marzo de este año se produjo la incorporación de 19 personas a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. Estas incorporaciones vinieron bajo las figuras de «Personal interino por Programas» y «Personal interino por Acumulación de Tareas», es decir, bajo ninguna de las formas de contratación que forman parte de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, por tanto, de la «plantilla» de la Administración Regional.

Dicho de otra manera, todas estas plazas son temporales de carácter no vacante: el personal interino por acumulación de tareas son contratados por 6 meses y su forma de contratación impide la renovación en el mismo año, produciendose su cese. Por su parte, los contratos del personal interino por programas tienen un máximo de 3 años y son renovables, cada año en función del presupuesto disponible.

Este personal temporal, además, se suma al que ya está trabajando de esta manera tanto en la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, como en la de Medio Natural, lo que hace ahondar aún más en la situación de precariedad laboral en la que se encuentra una parte importante de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Regional.

Ahora, pasados los 6 meses, los nombramientos del personal temporal “por acumulación de tareas”, terminan en julio y agosto y las personas que ocupan estos puestos de trabajo (que no plazas) se enfrentan a dos problemas: por una parte, el cese y por tanto la vuelta a la situación de inestabilidad profesional y el desempleo; y por otra parte, la sensación de no haber realizado bien su labor porque, al  prestar sus servicios por tan corto espacio de tiempo, cuando han aprendido a realizarlo -recordemos que tramitan expedientes muy complejos, con multitud de documentación y muy extendidos en el tiempo-, se tienen que ir, por cese, no aprovechando la sociedad y la CARM los recursos que ha empleado en formarlos y la experiencia adquirida por dichos funcionarios.

En INTERSINDICAL Servicios Públicos nos encontramos, llegados a este punto, con que, después de las movilizaciones del personal de la Consejería de Medio Ambiente, después de las asambleas y de los foros de debate con todos los partidos políticos, no sabemos, primero, cuál es la intención de la Consejería respecto al trabajo que hay que sacar adelante, expedientes de evaluación, de autorizaciones autonómicas ambientales, incluyendo los residuos…; segundo, desconocemos si tiene un plan de dignificación y estabilización en el empleo de su personal o pretende mantenerlo en la misma situación de fragilidad a la que le ha sometido todos estos años; y tercero, si está de verdad dispuesto a aumentar una plantilla que sea estructural, fijada en la relación de puestos de trabajo de la Administración Regional, que permita sacar los expedientes adelante. Y a la sociedad, recibir la contraprestación que hace cuando aporta el pago de impuestos generales y tasas ambientales. Así, INTERSINDICAL Servicios Públicos exige a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y al Gobierno Regional que abandone la política de parcheado y afronte, con el concurso de las organizaciones sindicales, un proceso de estructuración de las direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor y Medio Natural, que permita más empleo público estable y mayor agilidad en la tramitación de expedientes. De esta forma, todas las personas implicadas, personal, ciudadanía y empresariado verán mejoradas sus condiciones laborales, de vida y económicas