SOLIDARIDAD, BASTA DE REPRESIÓN SINDICAL

El Ministerio fiscal llevará a juicio a la delegada sindical del STE-CLM Intersindical Matilde Castilla, bajo la acusación de «desobediencia a la autoridad». El pasado 9 de octubre la representante del sindicato recibió la comunicación donde se le informa de la acusación y se le cita para juicio penal el día 27 de este mes, cuando tendrá lugar el juicio por lo penal.

El día 20 de mayo de 2013 STE-CLM Intersindical, en nombre de las Marchas de la Dignidad, movimiento del cual forma parte, había convocado una concentración en Ciudad Real dentro de los actos reivindicativos contra los partidos de la troika y los recortes sociales.

La Junta electoral provincial denegó la solicitud de concentración por el “propio objeto de la misma, al colisionar con el proceso electoral convocado, máxime en periodo de campaña electoral”. Desde las Marchas de la Dignidad se procedió a desconvocar la concentración y a ofrecer una rueda de prensa explicando la prohibición de llevar a cabo la misma. Al parecer uno de los motivos de la denegación fue el expresado en la comunicación del acto a la Subdelegación del Gobierno. En ésta se indicaba que la concentración era “con motivo de las declaraciones indebidas de un político”, lo que se ha interpretado desde la Junta Electoral que podría tratarse de una concentración por las declaraciones del candidato del PP Miguel Arias Cañete, pese a que no se le nombrara a él de forma expresa. Así bajo esta argumentación, y sin dar ningún otro argumento jurídico dentro del documento de denegación, se prohibió la concentración del 22M.

La concentración fue desconvocada con escaso margen de tiempo, ya que la denegación se comunicó unas horas antes, pero sí tuvo lugar una rueda de prensa en el mismo lugar donde iba a realizarse ésta, donde se explicó a los medios de comunicación la decisión de la Junta electoral de no permitir el acto de protesta. La Junta electoral ha procedido ahora a denunciar a nuestra compañera, que fue la solicitante de la concentración. Parece ser que la libertad de expresión no merece especial respeto en estos días.

Hemos de recordar que este modo de represión y criminalización de la protesta social o la simple opinión se ha venido aplicando en los últimos tiempos con especial saña a docentes y defensores de la escuela pública en nuestra región por parte de diferentes administraciones públicas, como las subdelegaciones del gobierno o los servicios periféricos de la Consejería de Educación. Se han abierto decenas de expedientes sancionadores a ciudadanos y ciudadanas por haber participado, en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, en concentraciones pacíficas no comunicadas previamente, en algunos casos espontáneas, en las que se reclamaban, por ejemplo, becas de comedor o de transporte escolar, o por emitir opiniones no acordes con las políticas de recortes. Afortunadamente se ha podido demostrar en varios casos que estas sanciones no tenían base legal y se han desestimado tras el proceso de alegaciones por parte de las personas afectadas.

Desde STE-CLM expresamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestra compañera Matilde Castilla, y a todas las personas que están viviendo en carne propia y soportando de manera estoica estas intolerables formas de represión, que, a su vez, condenamos pública y enérgicamente.

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