PLAN DE CHOQUE SOCIAL

La Intersindical de la Región Murciana ante las últimas medidas decretadas por el Gobierno

Hace ya 15 días que exigíamos a las empresas y al gobierno el cierre de centros no esenciales, pero también que esta crisis no la paguen las personas trabajadoras, ahora obligan a devolver los días de ausencia forzosa, que deberían pagar las empresas o patronales.

Para la Intersindical-RM es inaceptable que se aproveche esta nueva crisis como la excusa perfecta para disciplinar todavía más el mundo del trabajo por parte de los poderes económicos y los gobiernos. Para esto, el lenguaje se ha convertido también en una herramienta que utilizan para generar confusión o mandar mensajes falsos: el anuncio del Presidente de “prohibir despidos” es una muestra. Hay que aclarar que prohibir el despido sería declararlo “despido nulo”; y con carácter retroactivo, pues son miles y miles los despidos que ya se han producido desde el inicio de esta crisis sanitaria. Por el contrario, aplicar la reforma laboral con toda su virulencia y declarar “improcedentes” los despidos que se hagan a causa de la situación de pandemia, es consagrar (a precio de saldo) el despido libre en unos tiempos donde las trabajadoras y los trabajadores se están jugando la vida acudiendo a trabajar.

El RD-L 9/2020 del viernes 27 de marzo no prohíbe los despidos, viene a decir que no considerará justificado el despido en base a las causas de suspensión y reducción de contratos de los artículos 22 y 23 del RD-L 8/2020. No han prohibido los despidos. Para hacerlo tendrían que establecer la nulidad, no la improcedencia.

Esto nos lleva a la segunda medida anunciada el sábado y publicada ayer en el BOE: que se paran todas las actividades económicas no esenciales a partir de hoy. Hacía semanas que desde la Intersindical pedíamos la aplicación de una «licencia especial retribuida sin pérdida de salario» para todas las personas trabajadoras. Este cese de actividad anunciado el sábado para trabajos no esenciales se tendría que haber tomado hace ya dos semanas, el retraso ha hecho perder un tiempo precioso poniendo en riesgo más vidas. Desde la Intersindical de la Región Murciana no hemos dejado de denunciar que muchas personas están prestando servicios sin las medidas y los equipos adecuados de protección.

Que estos permisos retribuidos tengan que ser recuperables, con el visto bueno de CCOO y UGT, no nos parece de recibo. ¿Estamos en las puertas de una tercera reforma laboral encubierta, todavía más regresiva que las anteriores que deberían ser derogadas con carácter inmediato para hacer frente a la situación actual con un mínimo de justicia social? ¿Son las personas trabajadoras las que tendrán que pagar con la renuncia a sus vacaciones, o a sus descansos semanales, el coste económico de esta crisis sanitaria? En los términos que se ha planteado supone un paso más en la regresión que suponen las dos últimas reformas laborales.

Este permiso es un cese obligatorio de la actividad, y por tanto consideramos que no tiene que ser costeado por las trabajadoras y los trabajadores. Las empresas (o las patronales de manera subsidiaria) tendrían que asumir los días de permiso decretado. Desde la Intersindical hacemos un llamamiento a los demás sindicatos para actuar unidos para que las trabajadoras y trabajadores no tengamos que renunciar a días de descanso o vacaciones, ni prolongar nuestra jornada laboral para recuperar esas ausencias forzosas.

En resumen, las medidas del Gobierno están haciendo que las personas trabajadoras y las finanzas públicas estén costeando la crisis y esto no puede ser. Una vez más socializan las pérdidas y privatizan los beneficios, como ocurrió con el rescate a la Banca que aún no ha sido devuelto.

A todo esto hay que plantarle cara para evitar que la crisis provocada por el Coronavirus y las insuficientes medidas de protección sociales terminen provocando un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora ante la significativa reducción de ingresos que van a sufrir.

En este sentido, desde la Intersindical apoyamos el establecimiento de un Plan de Choque Social que vaya más allá de las medidas parciales aprobadas por el Gobierno, al que ya se han sumado más de 200 entidades, sindicatos y movimientos sociales, mediante una plataforma cívica que exige la redistribución de la riqueza, que se refinancie y desprivatice de forma permanente el sector sanitario y las residencias de personas mayores y discapacitadas, que libere de manos privadas todos los recursos y los derechos básicos para ponerlos al servicio del interés común, que se establezca una moratoria para el pago de los suministros básicos, entre otras. Pasemos de los aplausos al reconocimiento.

El Salto Diario