PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA INTERSINDICAL EXIGE AL GOBIERNO  LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

 

INSTA AL EJECUTIVO A REDACTAR UNA LEY QUE SE ADAPTE A LA LEGALIDAD, LA  REALIDAD SOCIAL E INCORPORE LOS NUEVOS MODELOS DE FAMILIAS.

 

La Intersindical ha recibido notificación del gobierno para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Protección Integral a la Familia. En una lectura detallada nos asombra el espíritu retrógrado de una ley que pretende retrotraernos a la sociedad de la mitad del siglo pasado.

Un Anteproyecto de marcado carácter ideológico que obvia leyes vigentes como la  Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  o directamente intenta eludir y saltarse la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El artículo 74 que propone el Anteproyecto de ley regional es directamente ILEGAL porque la interrupción voluntaria del embarazo en España se regula en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley despenalizó la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y obliga a los poderes públicos a no interferir en este tipo de decisiones. El gobierno regional no tiene legitimidad para considerar un fracaso un derecho humano propiedad exclusivamente de las mujeres, tal y como establece la legislación nacional y europea. Exigimos que se garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con las condiciones de la legislación vigente.

Asimismo denunciamos la apertura de la Ley a la privatización de servicios esenciales como las Escuelas Infantiles de 0-3 años o la atención residencial, centros de día o respiro familiar para personas mayores. Servicios Públicos que está obligada la Administración a atender con recursos públicos y personal empleado público.

La realidad social murciana demuestra que la estructura y los modelos de familias han cambiado. Se ha reducido el número de miembros de las familias, como consecuencia de la baja natalidad y se ha incrementado el número de familias monoparentales, en las que un único adulto, mayoritariamente una mujer, asume la responsabilidad sobre las niñas y los niños. Asimismo, han aumentado de manera significativa la presencia de familias que comparten vivienda con otras y el número de personas que viven solas.

Los cambios culturales han permitido adaptar los marcos normativos a la realidad de la diversidad del hecho familiar que deben reflejarse en la Ley de familia, desde el reconocimiento legal del divorcio hasta la asimilación en derechos a familias formadas por parejas del mismo sexo. Son adaptaciones de la legislación a la diversidad y la pluralidad de la realidad social, en muchos casos tras años de reivindicación por parte de los colectivos afectados y de la mayoría de la sociedad

Por otro lado, es evidente que las posibilidades de conciliación de la vida familiar y la laboral están limitadas por la baja calidad de las condiciones de trabajo con horarios imposibles, por la escasa oferta de servicios públicos y las desmesuradas tarifas de los servicios privados. La existencia de roles y estereotipos sexistas en las relaciones familiares, así como la asunción, por parte de las mujeres, de buena parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado, hacen necesario dar una especial importancia al fomento de la corresponsabilidad real ausente en toda la redacción del Anteproyecto de Ley.

En el ámbito educativo exigimos incluir la educación en valores relacionados con la igualdad, la corresponsabilidad y la educación emocional, y especialmente la pluralidad familiar, como parte transversal del ámbito curricular, del material didáctico y del proyecto educativo de centro. Estos contenidos deben integrarse en los planes de formación del profesorado para la concienciación sobre la diversidad familiar.

Buena parte de los análisis de las políticas públicas muestran que, para luchar contra la exclusión social, para reducir la desigualdad social y para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, las políticas de protección y apoyo a las familias son especialmente eficientes, puesto que tienen un carácter transversal y universalista y facilitan la incidencia de las políticas más específicas, pero este Anteproyecto de Ley no solo no solventa los problemas de las familias de esta región, sino que ahondan en las causas de exclusión y desigualdad.

En la Organización de Mujeres de La Intersindical tenemos claro que las políticas de apoyo y protección a las familias tienen que fomentar la igualdad desde la perspectiva de género, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Instamos al gobierno a que retire este Anteproyecto y redacte una Ley integral de protección a las familias, adaptado a la realidad social murciana, incluyendo todos los modelos de familia existentes y le exigimos que incluyan todas las leyes en vigor. Aconsejamos igualmente al gobierno que se centre y redacte leyes que solventen la vida del conjunto de la sociedad murciana y no deje en manos de grupos ultra católicos estos menesteres.

Exigimos al gobierno regional que desista en su ataque al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y vuelvan al año 2018. La sociedad murciana no va a consentir retroceder a los años oscuros de este país que es el espíritu de la redacción de este Anteproyecto de Ley.

Murcia, 11 de noviembre de 2018.

 

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA

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