Mesa general de la Función Pública

La Confederación Intersindical exige al Estado la mejora de las condiciones laborales del personal público

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene que convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas como paso previo y preceptivo a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado.

Los empleados y empleadas públicos, junto a los usuarios y usuarias de los servicios públicos, son quienes han soportado sobre sus espaldas el peso de las políticas de restricción del gasto público, convirtiendo a este colectivo en un nicho de precariedad laboral, tanto en cuestiones relativas a la cantidad y calidad de l’ocupación, como en otros aspectos relativos a las condiciones laborales.

Ahora, en un contexto de recuperación de los indicadores económicos, desde la Confederación Intersindical  consideramos que ha llegado el momento que se produzca un primer paso hacia el cambio de las políticas en los servicios públicos y de su personal. Hace falta una apuesta clara para potenciar los servicios públicos, recuperar la gestión y las prestaciones de servicios en manos de la iniciativa privada y permitir a los empleados y empleadas públicos mejorar su situación laboral y retributiva.

Esto, sólo se posible si en los PGE de 2017 hay un reflejo objetivo y cuantificable en las partidas destinadas a esta finalidad y si se introducen, vía Ley de Presupuestos, los cambios normativos necesarios. Ahora bien, es preceptivo que, al menos los que afectan a las condiciones laborales del personal de las Administraciones Públicas, sean objeto de negociación colectiva.

En particular, esta negociación debe estar presidida por la prioridad en la generación de empleo neto, adecuando las plantillas a las necesidades reales de los servicios públicos, fomentar la estabilidad en el empleo, convocando ofertas de empleo sin límites en la tasa de reposición y velar por la calidad del empleo, eliminando cualquier discriminación y abuso de la temporalidad.

Con respecto a los aspectos retributivos, es fundamental iniciar  la recuperación del poder adquisitivo, estableciendo un incremento salarial para 2017 superior a la previsión de la variación del IPC y, en su caso, la cláusula de revisión salarial; así como habilitar un fondo extraordinario, a lo largo de la legislatura, por la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de la crisis. Hay que acabar con la exclusión del personal interino del complemento de carrera profesional y con las penalizaciones retributivas en las situaciones de incapacidad temporal.

Por último, no podemos dejar de hacer mención de la eliminación de los trabas legales a la jubilación parcial de las empleadas y empleados públicos y el establecimiento de verdaderas medidas que garanticen la igualdad de género, eliminando la discriminación laboral, la brecha salarial y el techo de cristal.

Es por esto que la Confederación Intersindical considera que, antes de iniciar la tramitación parlamentaria de los PGE de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas deben convocar a la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar los aspectos relativos a las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos.

PROPUESTAS DE LA CONFEERACIÓN INTERSINDICAL PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

No es objeto de controversia si afirmamos que los Servicios Públicos y, por extensión, el personal que trabaja en ellos, arrastran el lastre de mucho años de políticas regresivas amparadas en la reducción y limitación del déficit público, así como en el establecimiento del techo de gasto. Unas políticas que han tenido como consecuencia el deterioro de los servicios públicos, por la disminución drástica de los presupuestos del estado y del resto de las administraciones públicas en inversiones, gasto corriente y capítulo de personal.

Con respecto a los empleados y empleadas públicos, no debe sorprender a nadie si afirmamos que, junto a los usuarios y usuarias de los servicios públicos, son los que han soportado sobre sus espaldas el peso de las políticas de restricción del gasto público, convirtiendo a este colectivo en un nicho de precariedad laboral, tanto en cuestiones relativas a la cantidad y calidad del empleo como por las reducciones de plantillas y por la congelación de las ofertas de empleo público, y en otros aspectos relativos a las condiciones laborales, con una mención especial en la cuestión retributiva, con una pérdida de poder adquisitivo relevante como consecuencia de los recortes salariales directos y de las sucesivas congelaciones salariales.

Ahora, en un contexto de recuperación de los indicadores económicos desde la Confederación Intersindical consideramos que ha llegado el momento de que se produzca un primer paso en el cambio de las políticas sobre los servicios públicos y de su personal. Hace falta una apuesta clara por potenciar los servicios públicos, recuperar la gestión y las prestaciones de servicios en manos de la iniciativa privada y permitir a los empleados y empleadas públicos mejorar su situación laboral y retributiva y, esto, sólo es posible si en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 hay un reflejo objetivo y cuantificable en las partidas destinadas a esta finalidad y si se introducen, vía Ley de Presupuestos, los cambios normativos necesarios.

Ahora bien, es preceptivo que estos cambios, al menos los que afectan a las condiciones laborales del personal de las Administraciones Públicas, sean objeto de negociación colectiva. Por esto es por lo que la Confederación Intersindical considera que, antes de finalizar la tramitación parlamentaria de los PGE de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene que convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar los aspectos relativos a las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos.

En este sentido y en coherencia con el que ya hemos expuesto, la negociación debe partir del principio de la buena voluntad negociadora con el ánimo de llegar a acuerdos, articular soluciones a los principales problemas que afectan a los empleados y empleadas públicos. En particular, entendemos que es necesario incidir en los siguientes aspectos:

EMPLEO

1.- Creación neta de empleo público.-

La Administración se debe comprometer a negociar con las organizaciones sindicales los correspondientes planes de ordenación de personal, que contemplen las necesidades de los diferentes servicios públicos y las previsiones sobre la evolución natural de las plantillas a medio y largo plazo, para evitar decisiones unilaterales.

Habilitación de líneas presupuestarias para la creación neta de empleo, que revierta las reducciones de plantillas aplicadas como consecuencia de la crisis y su ampliación por garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad.

Potenciación de los servicios públicos de gestión directa, mediante la reversión de las concesiones y conciertos vigentes por la gestión privada de estos servicios.

2.- Estabilidad en el empleo.-

Supresión de la tasa de reposición en todos los sectores de la Administración Pública para eliminar los límites de las ofertas de empleo.

Convocatorias de ofertas de empleo masivas para reducir la tasa de interinidad a cifras estructurales en las diferentes administraciones públicas.

Transformación en plazas estructurales de las plazas provistas por la concatenación de nombramientos temporales.

Introducir las reformas legales oportunas por la consolidación del empleo del personal interino mediante sistemas de acceso diferenciado.

3.- Calidad del empleo temporal.-

Garantizar la continuidad (estabilidad) en el empleo temporal con la creación de bolsas de trabajo sin exclusiones.

Aplicación del principio de no discriminación establecido en la Directiva Europea 1999/70/CE relativa al empleo por tiempo determinado y en la jurisprudencia del TJUE.

4.- Movilidad voluntaria.-

Impulsar medidas para facilitar la movilidad entre las diferentes administraciones.

RETRIBUCIONES

Incremento retributivo para el ejercicio 2017 por encima del IPC previsto e inclusión de una cláusula de revisión salarial.

Previsión de un fondo extraordinario para la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010.

Derogación de las normas que penalizan las retribuciones del personal en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.

JORNADA ANUAL

Supresión de las referencias a la jornada anual efectiva de los empleados y empleadas públicas en la normativa básica estatal, habilitando competencialmente a cada Administración Pública para el establecimiento de la jornada anual máxima, que se determine mediante los procesos de negociación colectiva legalmente establecidos.

DERECHOS LABORALES

Restablecimiento mediante normativa básica de los derechos laborales recortados, garantizando su recuperación por el personal público en el conjunto de las Administraciones Públicas.

JUBILACIÓN PARCIAL

Modificación de la normativa reguladora que impide el acceso a la jubilación parcial de los empleados y empleadas públicos.

IGUALDAD

Impulsar las políticas de igualdad de género en el conjunto de las Administraciones Públicas para acabar con la discriminación de género, el techo de cristal y la brecha salarial.

Establecimiento de los protocolos contra la violencia machista y sexual en el trabajo.

Establecimiento de permisos iguales e intransferibles.

Diario Público

Imagen Diario Público/Sergio Barrenechea

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