LEY DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL

DESMONTANDO LA LEY DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL

El pasado lunes día 8 se produjo el debate en el Pleno de la Asamblea Regional de las enmiendas a la totalidad que presentaron los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos a la Ley de Aceleración Empresarial, promovida por CROEM, Partido Popular y Ciudadanos. Como hemos comentado en reiteradas ocasiones, esta proposición de ley es una de las chapuzas más legalmente insostenibles que ha perpetrado el PP en sus 23 años de gobierno en nuestra Región de Murcia, una ley que va a atentar no sólo contra los más mínimos principios de seguridad jurídica, sino contra todos los controles ambientales y sanitarios que las administraciones públicas deben ejercer.

En el debate en la Asamblea se dijeron una serie de falsedades, una serie de medias verdades y trampas -porque esta ley es muy tramposa-, de contradicciones, que deberíamos desmontar, empezando por la defensa que hizo el portavoz del Grupo Popular, Víctor Martínez, de la participación de la CROEM en la elaboración de la ley. Este no es, como dice él mismo, el gran proyecto del presidente López Miras, este es el gran proyecto de CROEM. La CROEM no es que haya participado, la CROEM ha escrito artículo por artículo esta ley y han sido PP y Ciudadanos los que la han asumido, puliéndola, según fuentes consultadas, para que no fuera una aberración jurídica y laboral mayor. Somos conscientes del poder que tiene la CROEM sobre el Partido Popular, pero no sabíamos que un partido tan joven como el naranja tuviera ya que rendir cuentas a la patronal regional.

A continuación, el portavoz de Ciudadanos entró en una contradicción difícilmente explicable. Miguel Sánchez aseguró que esta ley no tiene nada que ver con el urbanismo en nuestra Región. Entonces, ¿por qué más adelante defendió una ley que aboga por dar un «permiso provisional» hasta que los planes urbanísticos municipales decidan si pueden seguir o no la actividad «de las 20.000 empresas que ahora están fuera de la legalidad y los 50.000 trabajadores a los que tienen contratados»? ¿Estamos hablando de amnistías urbanísticas? ¿Serían tan amables de ser claros para que nos entendamos mejor? Porque, con gran jolgorio e incredulidad, desde las bancadas populares, se tomó el comentario de supuestos beneficios a la UCAM, como si durante años el gobierno de Miguel Ángel Cámara no hubiera cedido terrenos a la Universidad Católica para que construyera todo lo que quisiera y más.

Y es que la frase entrecomillada que acabamos de reproducir encierra varias trampas: la primera, que en ningún momento se está facilitando un listado de las 20.000 empresas –sospechoso número redondo- a las que se refieren. La segunda, el gobierno regional -con la connivencia de sus socios parlamentarios- hace dejación de sus responsabilidades administrativas y traspasa la patata caliente de la aprobación de actividades empresariales a los ayuntamientos. La tercera, siempre que se complica la aprobación de una ley porque el gobernante quiere aprobarla a toda costa y organizaciones sindicales y/o grupos de la oposición se ponen en contra, alegan como escudo cobarde, como argumento simplón y rastrero, el trabajo de las personas, alegando que si no sale esta ley adelante 50.000 personas perderán sus puestos de trabajo.

Con el trabajo de las personas no se juega, ya sea de trabajadoras y trabajadores de la empresa privada como de la pública. En nuestro ámbito, y más concretamente en las direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor, y Medio Natural llevan muchos años jugando con trabajos de personas que están encadenando contrato tras contrato. Personal investigador, personal técnico, de administración y servicios, con contratos parciales y con hijos a su cargo, a los que se les está diciendo que su futura vida laboral puede estar pendiente de intereses escondidos partidistas y de un empresariado muy concreto, que al final, aunque ellos se empeñen en decir lo contrario, no representa a todo el colectivo empresarial.

Una economía débil y precaria como la murciana, conseguida a golpe de políticas erróneas y erráticas por parte del Partido Popular, no mejora ni con este tipo de leyes que benefician a unos pocos ni con políticas neoliberales que se han demostrado absolutamente fallidas. Nuestra economía ha de mejorar estabilizando y dando seguridad laboral y salarial al conjunto de la sociedad de nuestra Región, dotando de medios materiales y humanos el sistema público, y protegiendo un ecosistema frágil para disfrute de las generaciones que vienen.

Por ello, Intersindical Región Murciana va a luchar, siempre junto a las compañeras y compañeros de la Administración Pública Regional, junto a las organizaciones sindicales y partidos políticos, en los despachos y en la calle, para que la Ley de Aceleración Empresarial no salga adelante.

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