LA INTERSINDICAL ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL 24 DE MAYO

Las elecciones MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS del 24 de Mayo nos dejarán una nueva Asamblea Regional y una nueva configuración política en los municipios murcianos. De esta nueva configuración política dependerá en gran medida la política que orientará la actividad económica y administrativa durante los próximos cuatro años. Siendo conscientes de que las competencias autonómicas no lo son todo y siendo conscientes de que las demandas de nuestro sindicato no sólo exigen políticas cortoplacistas, que no dependerán exclusivamente de estos cuatro años de legislatura, sino que deberán ser implementadas en todo el Estado y a medio y largo plazo.

Desde la INTERSINDICAL DE LA REGIÓN MURCIANA queremos dar a conocer un sucinto balance de la legislatura actual y de las propuestas que vamos a defender ante quienes tengan, en los próximos cuatro años, no sólo la responsabilidad de gobernar, sino también, de contribuir al diseño legislativo. Nuestro papel no es orientar el voto de la ciudadanía, sino servir de canal para las peticiones de mayores libertades, derechos e igualdad social, agrupar en torno a ellas el máximo de voluntades y conseguir mejoras en las condiciones de vida y trabajo del conjunto de la ciudadanía. Lo hacemos para que lo tengan en cuenta en sus programas pero, sobre todo, para que conozcan cuáles van a ser nuestras exigencias para los próximos años.

1º El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza, señas de identidad del último periodo

Esta última legislatura nos ha dejado una deuda de 6000 millones de euros, sin empleo al 60% de la juventud murciana y una administración con graves problemas de corrupción (el 59% de los municipios están siendo investigados) y 500.000 murcianas y murcianos están en riesgo de exclusión social.

Los datos son claros: la tasa de paro sigue siendo alta (26’65%) en la Región mientras agranda las distancias con respecto a España (24’98%), y eso con un descenso significativo de la población activa en nuestra comunidad autónoma, tenemos una tasa de temporalidad del 33% (9’1% más que la media nacional) y todo esto afectando especialmente a mujeres y jóvenes[1].

En la Región de Murcia nos hemos hecho campeones del empleo precario, cinco de los diez municipios españoles más afectados por la crisis son murcianos y el sostén de los servicios públicos es insuficiente.

Como conclusión, si calificábamos, los primeros años de esta década como desaprovechados, a pesar del alto crecimiento registrado, para la disminución del paro y la temporalidad, para la profundización del Estado Social y para la reorientación de nuestra economía, sólo cabe describir estos últimos años como desastrosos para el empleo, la protección social y las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

2º Las reformas aprobadas han ido en un único sentido: asegurar la seguridad y los beneficios de los bancos y grandes inversores

Bajo el supuesto objetivo de tranquilizar a los mercados y de “no ser intervenidos” por la Administración central, hemos aplicado eficaz y rápidamente todas las medidas que venían de Madrid, profundizando en muchas de ellas aplicando recortes autonómicos propios y la legislatura ha sido un ejemplo de cómo la Región de Murcia se vende al mejor postor.

Respecto a la banca murciana, las medidas han sido de ayuda sin contraprestaciones y sin rendición de cuentas a quienes han protagonizado el desarrollo de la crisis, colaborando de forma especial en la especificidad murciana de la burbuja inmobiliaria, con sus créditos en aventuras insostenibles económicamente y la sobrevaloración de activos inmobiliarios sin futuro alguno. Ayudas que han aumentado el gasto público, pero que no han servido para controlar la actividad bancaria o convertir en participación pública el equivalente a las acciones pagadas. Y mientras sigue manteniéndose la extorsión a las familias con hipotecas, y se ha provocado el hundimiento social y laboral de la población.

En Mayo de 2010 se produjo el primer paquete de medidas de control del déficit del Gobierno Zapatero: se recortó un 5% el salario de todo el personal empleado público, se suspendió la revalorizaron de las pensiones para el 2011, se acabó con la ayuda a la natalidad, se dificultó el acceso a las ayudas para la dependencia, se disminuyó la ayuda oficial al desarrollo y la inversión pública del Estado. Personas jubiladas, dependientes, futuras madres, empleadas públicas y habitantes del mundo empobrecido fueron damnificadas por las medidas gubernamentales de ahorro.

El Gobierno del Partido Popular aprobó una nueva Reforma Laboral que abarató el despido y lo facilitó al ampliar sus causas objetivas, añadiendo el pago de los despidos por parte del FOGASA, extendió el contrato basura para jóvenes hasta los 24años, incrementó el poder de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas y amplió la privatización de los servicios de empleo al abrir a más ámbitos laborales la intervención de las ETTs.

Se completó posteriormente la Reforma Laboral con una reforma de la negociación colectiva que individualiza las relaciones laborales, permite el descuelgue empresarial de los convenios, aumenta la flexibilidad laboral e impone el arbitraje obligatorio.

Poco después vino la Reforma de las Pensiones, con el Acuerdo Social y Económico, en el que colaboraron la patronal y algunos sindicatos, atrasando la edad de jubilación hasta los 67 años, ampliando el periodo de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión y disminuyendo la cuantía de las cantidades a percibir por jubilación.

En este contexto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha apostado por ahondar en esas políticas estatales con el ya conocido “Tijeretazo Valcárcel”, la externalización de servicios públicos y más recortes, especialmente en Sanidad y Educación, y el despido de miles de interinos en toda la Región.

En una comunidad autónoma salpicada de casos de corrupción urbanística y política, donde la adjudicación de contratos a dedo es la norma, donde se financian empresas privadas con dinero público, se han hecho apuestas inviables económicamente, como el tristemente famoso aeropuerto de Corvera, las autopistas en quiebra, el equipo fr Fórmula 1 o la construcción de un parque Paramount.

3º Algunos mensajes preelectorales preocupantes

En general nos preocupa que no se esté haciendo pública la verdadera raíz de la crisis y de la enorme tasa de paro que ha producido. El problema ha sido el modelo económico y financiero, y los culpables no pueden ser quienes nos indiquen el camino. Que se propongan medidas que van en el mismo sentido de las que provocaron el panorama social y laboral actual, es ocultar y falsear la realidad.

Cualquier propuesta que profundice en la dirección que marca el liberalismo económico será condenar a la población a perder los derechos conquistados en el siglo pasado.

Especialmente nos preocupa la llamada continua a la austeridad, sin especificar su significado. Por la concreción de los recortes en el gasto, tanto de Comunidades Autónomas como del Estado, parece que se quiere transmitir que los gastos sociales son superfluos y, por lo tanto, susceptibles de ser recortados, eliminados o puestos bajo gestión privada. Mientras parecen no cuestionarse otros como los militares o los religosos, por ejemplo. Por otro lado el propio Banco de España ha tenido que reconocer que la falta de inversión pública, con los recortes, ha colaborado a la subida del paro y a la desactivación económica.

En Sanidad u otros Servicios Públicos se privatizan y externalizan los servicios más lucrativos mientras que se cierran quirófanos, se despiden profesionales y se recorta económicamente en los servicios más costosos que continúan siendo públicos. Mientras se expulsa a usuarios de la Sanidad pública (inmigrantes y españoles emigrados por ejemplo) se cierran hospitales enteros como el Rosell de Cartagena.

Con estas medidas no sólo se reduce la calidad de la Sanidad pública, sino que inflando las listas de espera se anima al usuario a usar servicios sanitarios privados, que están haciendo un verdadero negocio en nuestra Región.

Lo mismo podemos decir sobre Educación. La despreocupación de la administración por la calidad educativa y la obvia apuesta por la concertación mientras se cierran centros públicos, las ayudas directas a instituciones privadas o los duplicidad de títulos en la UCAM con respecto a la universidad pública murciana, abren nuevas fuentes de inversión para el capital murciano y destierran a lo público a ser asistencial para las clases más desfavorecidas.

Nuestro modelo productivo ha sido el causante de esta crisis y sigue sin hacerse nada para cambiarlo y diversificarlo. No hay ningún interés por la investigación y el desarrollo de nuestra Región. La apuesta por el ladrillo y por un turismo de baja calidad desprotegen nuestro patrimonio natural y ponen en grave peligro nuestro mayor riqueza, otra vez sin apostar por otro modelo de crecimiento sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Igualmente nos preocupan las intenciones de flexibilizar, aún más, las condiciones laborales. El paro no lo produjo la supuesta rigidez del mercado de trabajo. Si se hubiera invertido en economía sostenible, sin pensar en el enriquecimiento a corto plazo, en productos y servicios necesarios de forma permanente, sin espejismos que nublaran la vista de nuestros gobernantes, como el engañoso crecimiento económico previo a la crisis, no se habría producido esta debacle en el empleo. La rebaja en los derechos laborales no produce más empleo, simplemente lo empeora y genera un nuevo fenómeno: la “pobreza laboral”.

4º Nuestras reivindicaciones y propuestas:

• Más Estado Social y Democrático:

Profundización de la Democracia: primacía de la voluntad popular sobre las intenciones e intereses de las grandes corporaciones o de las directrices marcadas por organismos internacionales ajenos al control ciudadano. Potenciación de la participación popular directa facilitando las ILP, los presupuestos participativos y otras forma de democracia directa. Obligatoriedad de referéndum en cuestiones de fondo. Una Asamblea Regional que se adecue, en su composición, a la pluralidad política realmente existente. Reforma de la Ley Electoral y circunscripción única. Programas electorales transparentes y públicos.

Acabar con cualquier privilegio, a cargos políticos, que pueda suponer una injusta diferenciación del resto de personas trabajadoras.

• Contra el paro y contra la precariedad laboral: reivindicamos el incremento de los contratos indefinidos y creación de empleo público. Finalización de los contratos “basura” (aprendizaje y formación). Ampliación de recursos para la Inspección de Trabajo, que controle las irregularidades en la contratación, especialmente en los sectores más sensibles al trabajo precario (servicio doméstico, sector agrícola y ganadero, hostelería…).

• Contra los accidentes laborales y en defensa de la salud laboral: desarrollos claros de protocolos para la administración y las empresas y control efectivo por parte de la inspección de trabajo.

• Por unos salarios que permitan vivir dignamente: cláusulas de revisión salarial en los convenios de los sectores privados y en los acuerdos para el personal empleado público. Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€.

• Por una verdadera apuesta por el cooperativismo, el autoempleo y las buenas prácticas empresariales. Cuidar especialmente a autónomos y pymes.

• Reducción de la pobreza y la exclusión: renta básica universal, mejora de las pensiones de viudedad para las mujeres (máximas afectadas por situaciones de pobreza). Prestaciones por desempleo dignas e indefinidas.

• Sistema Público de Pensiones que garantice una vejez digna: Derecho universal a pensión para las personas mayores. Acabar con las ventajas fiscales de los fondos privados de pensiones y la obligatoriedad de invertir en ellos por parte de las personas trabajadoras.

• Por una conciliación real de la vida personal, familiar y laboral: creación de escuelas infantiles públicas y gratuitas, así como la ampliación de los permisos de maternidad (24 semanas) y paternidad (un mes).

• Por el reparto del trabajo: reducción de la jornada laboral, hacia las 35 horas semanales.

• Democratización y descentralización de la negociación colectiva: reconocimiento de la representatividad de las diversas realidades sindicales territoriales. Exigimos ámbitos autonómicos de relaciones laborales.

• Contra la violencia de género, en la casa y en el trabajo, exigimos programas de educación en igualdad y aplicación de medidas penales y de rehabilitación de los maltratadores.

• Aumento de la inversión pública en gastos de interés social y ambiental: por unos servicios públicos de calidad (enseñanza, sanidad, atención a dependientes, transporte, servicios sociales…) mediante un incremento de los presupuestos para la creación de centros y recursos públicos. Gestión pública directa de los servicios públicos esenciales.

• Contra la especulación y la carestía de vida. Por el derecho efectivo a la vivienda digna: potenciación de los alquileres protegidos y las promociones públicas de viviendas. Parque público de viviendas de alquiler accesible. Control del precio de suelo urbano y vivienda. Acabar con los desahucios por motivos derivados del paro y la crisis. Regular la dación en pago de las viviendas.

• Por un modelo de crecimiento sostenible económica y ambientalmente: inversión en infraestructuras respetuosas, como el ferrocarril (con reapertura de líneas como la conexión con Andalucía) paralización y prohibición de los proyectos urbanísticos depredadores, investigación y desarrollo en energías renovables.

• Por el control y la progresividad fiscal, que más paguen los que más tienen. Por un aumento de la carga impositiva de los altos ingresos y patrimonios y el aumento del gasto social. Aumento de los esfuerzos en inspección fiscal y modificación de la legislación que facilita el fraude de los que más tienen. Medidas anticorrupción que vele por la ejemplaridad de los cargos públicos y políticos y que garanticen además la transparencia en el uso de dinero público.

• Apuesta por la laicidad en la región de Murcia (conciertos educativos, UCAM y cesión de propiedad pública a uso religioso como lo ocurrido en el barrio del Carmen).

• Por una condición ciudadana plena: mediante el desarrollo de derechos laborales, sociales y políticos para todas las personas que aquí viven y trabajan. Sean de nacionalidad española o residentes (tarjeta sanitaria, facilitar su participación en los municipios…)

• Por la máxima descentralización administrativa: profundización democrática del proceso autonómico.

• Por una verdadera apuesta cultural que se sume a la apuesta educativa.

Hacer realidad estas reivindicaciones no será fácil, pero con nuestra actitud, también en las elecciones, se puede hacer menos difícil.

No será posible avanzar en convivencia, libertades, derechos sociales e igualdad, apoyando a quienes defiendan la supremacía del beneficio empresarial frente a los derechos sociales y laborales, el mercado frente a los derechos de las personas, la supremacía de cualquier creencia religiosa frente a la igualdad, la razón y la moral democrática, la violencia frente a la resolución pacífica de los conflictos o el dogmatismo frente a la pluralidad de formas de vida.

No será posible avanzar en crecimiento y desarrollo en la Región de Murcia mientras no se potencie y garantice una verdadera participación ciudadana en la gestión de su municipio y su Comunidad Autónoma, mientras no se apueste claramente por preservar el patrimonio natural de Murcia, mientras no haya una verdadera inversión cultural y educativa que sea capaz de generar nuevos sectores productivos con políticas de inversión y de incentivación empresarial y económica a medio y largo plazo.

20 de Mayo de 2015

SECRETARIADO DE LA INTERSINDICAL DE LA REGIÓN MURCIANA

[1] Datos obtenidos de “Comunicado de prensa. Encuesta de población activa: Primer Trimestre 2015” de 23 de abril de 2015. Fuente: UGT Región de Murcia.

Categorías Comunicados