la Desertificación y la Sequía

Intersindical Región Murciana frente a la desertificación y la sequía

 

¡La temperatura media de la Tierra ha subido ya 1 grado!

¡El aumento por década es de 0,2 y, por lo tanto, se rebasará el límite de 1,5 en el año 2040!

El acuerdo de París proponía no rebasar el aumento de 1,5º, ya que, por encima de este nivel de calentamiento los desastres medioambientales afectarán irremediablemente a la población humana, produciendo sequía, inundaciones costeras…

Todo el mundo sabe, nosotras sabemos, que la transición energética hacia las energías renovables es la única solución posible a este nefasto e insostenible futuro para el planeta. Pero nuestros gobiernos parecen no sentir y no preocuparse por el desastre humanitario al que nos veremos abocados, ignorando estas evidencias científicas que nos indican el camino al que nos dirigimos.

Cumpliendo dictámenes de la UE, sometida al dictado de las grandes corporaciones, España sigue adherida al Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este tratado, que nunca se ha sometido a un debate público significativo, funciona como el anillo único de la trilogía de El señor de los anillos —“Un anillo para gobernarlos a todos”—, ya que otorga a las grandes empresas el poder sobre nuestros sistemas energéticos, facultándolas para demandar a los gobiernos por supuestas pérdidas de inversiones, lo cual de hecho supone un entorpecimiento hacia la transición hacia las energías renovables.

¿Esto qué es?, que, por ejemplo, si España regula el uso de las energías y el modo en que las empresas energéticas deben trabajar y una empresa petrolera que tiene invertido capital en nuestro país se considera agraviada, puede, y está respaldada para ello, demandarnos y obtener pingues beneficios

Hoy día, no sólo no se cuestiona el TCE, sino que, se encuentra en proceso de ampliación, lo cual amenaza con que aún más países se vean maniatados por unas políticas energéticas que favorecen a las grandes empresas.

En el Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía, Intersindical Región Murciana reafirma su compromiso con la conservación y el respeto hacia nuestro patrimonio natural. En una Región como la nuestra, especialmente sensible a estos procesos, es de primera necesidad que seamos capaces de implementar políticas medioambientales de protección a nuestro patrimonio. Exigimos una especial atención al Mar Menor y al Parque Natural de Cabo Cope – Puntas de Calnegre. Nuestra Región debería ser un referente en energías renovables e innovación sostenible.

Por una economía para el planeta y para las personas.

Os adjuntamos la nota de prensa de la Campaña contra los Tratados de Libre Comercio e Inversión, en la que se adjunta un interesante estudio sobre el Tratado sobre la Carta de la Energía que han escrito las compañeras de Corporate Europe Observatory y Transnational Institute.

Los secretos detrás del Tratado sobre la Carta de la Energía y las demandas de arbitraje contra España

 

Un nuevo informe revela que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), el acuerdo internacional usado para demandar a España en 40 casos ante tribunales de arbitraje, es un arma poderosa para las empresas fantasma, los inversores especulativos financieros y las corporaciones asociadas a la energía contaminante.

Inversores en el ámbito de la energía mantienen 34 demandas pendientes contra España por un valor de más de 9000 millones de dólares estadounidenses (USD) al amparo del TCE. A su vez, el Gobierno español ya ha sido condenado a pagar 245,5 millones de euros en virtud de tres casos (Eiser Infrastructure, 128 millones de euros; Novenergia, 53 millones de euros; Masdar Solar & Wind Cooperatief, 64,5 millones de euros).

Un equipo de investigadoras de Corporate Europe Observatory (CEO,Bruselas) y Transnational Institute (TNI, Ámsterdam) han analizado todas las demandas conocidas entre inversores y Estados en virtud del TCE, en lo que constituye el primer estudio exhaustivo de este tipo con respecto a este Tratado. El TCE se estableció en la década de 1990 y en estos momentos es aplicable a casi 50 países, aunque hay varios países pendientes de adherirse a él próximamente.

El informe revela que:

  • España, con 40 demandas por los recortes a los subsidios a la energía renovable, encabeza la lista de los 27 países demandados bajo el TCE.
  • En el 88% de estas 40 demandas, el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero. Entre losejemplos se encuentran Masdar (un fondo estatal de Abu Dhabi) y RREEF (parte de DWS, un fondo del gigante financiero alemán Deutsche Bank).
  • En el 53% de los 40 casos, la compañía que demanda incluye inversiones en energía contaminante (sector del carbón, el petróleo, el gas y/o la energía nuclear) en su cartera de inversiones. Ejemplos contundentes son las empresas alemanas de carbón y nucleares E.ON y RWE (esta última demanda a través de su filial Innogy, ahora también parte de E.ON) y los fondos de inversión RREEF y Masdar (ambos también invierten en combustibles fósiles).
  • El TCE es propenso a ser objeto de abuso por parte de empresas pantalla o fantasma (mailbox companies), que por lo general sólo existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Por ejemplo, Isolux Infrastructure y Charanne, empresas registradas en Holanda, pertenecen en realidad a dos de los empresarios españoles más ricos: Luis Delso y José Gomis.
  • 63 de las 110 empresas que demandaron no contaban con un largo recorrido en el país, sino que invirtieron en España después de 2008, cuando el país ya estaba en plena crisis económica y ya se habían introducido cambios en los programas de subsidios a las renovables y, por lo tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos. Por lo menos 8 de las demandantes continuaron invirtiendo a pesar de los cambios. Esto no privó a los inversores de argumentar que el Gobierno había violado “sus expectativas legitimas”. El TCE ha sido una vía de escape para saquear fondos públicos cuando sus inversiones de riesgo no estaban dando los frutos esperados.

Es imposible disciplinar el sistema de arbitraje inversor-Estado. El Tratado sobre la Carta de la Energía ha traído más perjuicios que beneficios a España. No hay evidencia de que haya contribuido a atraer inversiones, pero ha costado a los ciudadanos españoles millones de euros”, señala Pia Eberhardt, de CEO, una de las autoras del informe.

A pesar de que los casos contra España se han dado en razón de los recortes a los subsidios a las energías renovables, el informe presenta amplia evidencia de que el TCE garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética. Revela cómo grandes compañías de petróleo, gas y carbón ya han recurrido al TCE para impugnar políticas que favorecían la energía limpia, prohibían la explotación de petróleo, aplicaban impuestos a los combustibles fósiles o introducían reglamentaciones ambientales”, argumenta Cecilia Olivet, del Transnational Institute, coautora del estudio.

«Quién sabe si mañana algún inversor utiliza el tratado porque se prohiba la exploración de petroleo en Canarias y Baleares, se suspenda la construcción del gasoducto MidCaty el almacén de gas fósil en el entorno del Parque Nacional de Doñana o se anuncie el apagón definitivo de las centrales nucleares”, señala Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión que trabajan muy estrechamente con CEO y TNI.

En 2015, con Renzi como primer ministro, Italia abandonó el Tratado sobre la Carta de la Energía después de ser demandado por millones de euros. Si el nuevo gobierno de Pedro Sánchez desea dar un giro de 180 grados en la lucha contra el cambio climático y sus políticas energéticas haría bien en salir del tratado”,propone Ecologistas en Acción.

El informe advierte que podrían surgir muchos más casos al amparo del TCE si los Gobiernos promulgan medidas robustas para responder al cambio climático y la pobreza energética. De hecho, el Tratado ya ha dado lugar a más demandas entre inversores y Estados que ningún otro acuerdo internacional de comercio o inversión, pero hasta ahora ha escapado en gran medida a la atención pública.

En estos momentos, se encuentra en pleno proceso de ampliación, ya que mas de una docena de países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina están dispuestos a firmarlo próximamente, a pesar de los enormes riesgos políticos, jurídicos y financieros que entraña.

En total, los Estados ya han sido demandados en 114 ocasiones en virtud del TCE, y la mayoría de estas demandas se han interpuesto solo en los últimos cinco años, principalmente contra Estados de Europa Occidental. En 16 de las demandas, los inversores han reclamado a los Gobiernos 1000 millones de USD o más. En el 61 % de los casos resueltos, el resultado ha sido favorable al inversor.