INVESTIDURA FALLIDA

Valoración de la Intersindical sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez

INTERSINDICAL REGIÓN MURCIANA considera que con la investidura fallida de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, se ha perdido una oportunidad histórica para configurar un gobierno progresista que desarrolle un programa social para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores y de la mayoría de la sociedad.

Para el Sindicato, no es una opción la convocatoria de nuevas elecciones en el mes de noviembre, ya que la situación de urgencia social requiere la constitución, de un gobierno lo antes posible que aplique un programa de izquierdas para revertir los recortes y avanzar en los derechos de las personas.

Además, desde el Sindicato se considera que una nueva cita electoral no garantizará, necesariamente, una mayoría que permita la constitución de un nuevo gobierno monocolor y, por tanto, con mucha probabilidad se impondrá la necesidad de reabrir de nuevo un escenario de pactos o coaliciones, con lo cual sólo se habrá conseguido perder el tiempo y demorar la situación de inestabilidad política. Un contexto que no beneficia a nadie, excepto las grandes corporaciones industriales y financieras que están beneficiándose de las políticas heredadas del gobierno neoliberal anterior y que pretenden que estas políticas tengan continuidad.

Es por ello que, desde INTERSINDICAL, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos progresistas, para que se pongan de acuerdo para pactar un programa político y un gobierno antes de la próxima sesión de investidura en el mes de septiembre, que permita empezar a trabajar, tal y como ha manifestado la mayoría de la población expresada en los resultados de las últimas elecciones generales.

INTERSINDICAL REGIÓN MURCIANA considera necesario un gobierno para poder poner en marcha un programa social que contemple: derogar las reformas laborales de 2010 y 2012; aumentar el SMI; priorizar un aumento de los salarios en todos los ámbitos privados y públicos; combatir la economía sumergida que caracteriza el mercado laboral en determinados sectores y territorios; acabar con la brecha salarial; acabar con la discriminación en el mundo de trabajo en función del sexo, edad, procedencia u orientación sexual; potenciar los servicios públicos, de titularidad pública (educación, sanidad, servicios sociales, transporte …); rescatar servicios públicos privatizados; acabar con la precariedad laboral del sector público, dando respuesta a las miles de personas interinas que necesitan que se activen las medidas necesarias para la consolidación en sus puestos de trabajo; derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 (que afectan la edad de jubilación, factor de sostenibilidad, años para el cómputo …); aumentar las pensiones para acabar con la precariedad que sufren muchas personas pensionistas y establecer la renta básica.

El Sindicato también considera que hay que derogar la Ley Mordaza y todas las normativas legales que restringen los derechos individuales y colectivos; la implementación de recursos y medidas para acabar con la violencia de género y la aplicación, evaluación y desarrollo de la Ley de Igualdad; el establecimiento de una reforma fiscal progresiva; la declaración de la emergencia climática; una política en materia de vivienda que sirva para resolver los problemas habitacionales y potenciar la vivienda social y unas políticas migratorias para acoger a las personas que piden refugio y el cierre de los CIES y unas nuevas leyes educativas que sean negociadas con el conjunto de la comunidad educativa sin exclusiones.