indemnización a un funcionario interino

Una sentencia reconoce por primera vez el derecho a indemnización a un funcionario interino

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña reconoce el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado a un profesor cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones objetivas.

Esta sentencia, pionera en España, da la razón a Intersindical Región Murciana que, en una reunión reciente del grupo de trabajo de la nueva Ley de Función Pública, defendió que en la citada futura ley se permitiera al personal interino recibir indemnización cuando se extinguiera su relación de trabajo con la Administración Regional.

Hasta el momento, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a las y los funcionarios interinos (funcionarias y funcionarios en teoría contratados por razones de necesidad o urgencia, pero que en la práctica, en nuestra Región, esa urgencia está totalmente desnaturalizada, con antigüedades en los centros de trabajo cercanas a los 10 años).

La sentencia considera que existe una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública, a quien se reconoce indemnización por cese de la actividad laboral, y el funcionario interino, al que se la niega en razón de su condición.

De esta manera, el texto se basa en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado septiembre reconoció la igualdad de trato entre ambas figuras, interino y laboral, al sostener que este concepto ha de ser incluido siempre entre las condiciones que un empresario «está obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de un contrato de duración determinada».

Intersindical-RM valora de forma muy positiva esta sentencia porque cierra la puerta una vez más a la discriminación entre trabajadoras y trabajadores, personal en este caso de la Administración Pública que tiene los mismos derechos que cualquiera.

 

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