STERM INTERSINDICAL exige la retirada del borrador de Real Decreto de Especialidades de Secundaria.

Considera que es una agresión más a la educación de calidad y puede suponer el despido de miles de docentes interinos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acaba de poner sobre la mesa un borrador de Real Decreto en el que establece las especialidades de los cuerpos docentes de la enseñanza Secundaria y las condiciones que se exigirán para impartir las diferentes materias.

Siguiendo la línea de “mirar atrás” a la que nos tiene acostumbrados el Ministro Wert, con esta norma se quiere llevar a cabo una involución pedagógica que nos retrotrae a los años 70 y 80 y a la implantación de las llamadas “materias afines”. Se pretende que el profesorado pueda impartir materias pertenecientes a especialidades distintas a la que le corresponden, despreciando así la profesionalidad docente y el esfuerzo por mejorar las estrategias pedagógicas que se llevan a cabo. Por poner algún ejemplo, con la especialidad de Filosofía se podrá impartir Actividad Emprendedora y Empresarial,  los de Asesoría y procesos de imagen personal darán Biología o los de Lengua que podrán dar docencia de Geografía e Historia.

Esta política del “todo vale” podrá producir situaciones aberrantes ya que, para cada curso escolar y atendiendo a “necesidades del centro”, se pueden asignar a un especialista materias de cualquier otra índole bajo criterios que no aparecen especificados y que pueden dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad.

 

También se constituyen grandes bloques para las materias del ámbito científico. Las atribuciones son tan amplias que cualquier docente del área científica podrá impartir cualquier materia. Esto es especialmente grave en Bachillerato, ahora que las universidades piensan exigir cursar materias vinculadas a sus titulaciones para que el alumnado acceda a ellas como condición sine qua non. Del mismo modo se desprecian los conocimientos ligados a las enseñanzas de Latín y Griego que desaparecen para convertirse en una especialidad llamada Lenguas clásicas y Cultura Grecolatina.

 

Otro elemento que atenta contra los principios de mérito, capacidad e igualdad a la hora de acceder a la docencia es la introducción, en la disposición adicional novena, de la posibilidad de contratación de expertos en lenguas extranjeras “a dedo”, con criterios poco claros para su selección. Esta experiencia llevada a la práctica en la Comunidad madrileña de Esperanza Aguirre ya ha mostrado sus nefastos resultados en lo académico y en el despido de cientos de interinos e interinas.

Las consecuencias de todo esto son de una gran dimensión y afectan al sistema en todas sus facetas. Es una situación que se suma a los recortes vividos en los últimos cursos, donde la plantilla docente ha ido menguando, donde se ha aumentado el horario lectivo y donde las jubilaciones no se están cubriendo. Cada vez queda menos profesorado para hacer apoyos o posibilitar desdobles. Las pocas horas sueltas que quedaban para ello serán empleadas en dar docencia en otras especialidades y la atención a la diversidad sufrirá otro revés más.

Por otro lado, teniendo presente la intención del Gobierno de reducir en los próximos años el porcentaje del PIB dedicado a educación y la realidad de las plantillas docentes con una interinidad ya castigada por la temporalidad y precarización laboral, se evidencia el peligro de expulsión del sistema a miles de profesores y profesoras a los que no se ha permitido estabilizar su puesto de trabajo. El exprimir a los que queden para que impartan cualquier cosa y así “optimizar los recursos humanos” degradará la enseñanza pública hasta niveles insospechados y provocará una inaceptable reconversión que dejará en la calle a “los sobrantes”.

Por añadidura y como “daño colateral” en el artículo 5.2 se trata la cuestión de las materias de libre configuración autonómica. Se establece la existencia de especialidades propias de las lenguas cooficiales en las CCAA que las poseen pero no se reconoce la posibilidad de crearla en aquellos casos como el del asturiano que tienen protección jurídica y presencia curricular. En este sentido corresponde a la Consejería de Educación asturiana poner las medidas oportunas para que esto se subsane y pueda aparecer, como previamente se hizo en la LOMCE, un reconocimiento que se ajuste a la realidad lingüística asturiana en la educación.

Como conclusión, desde STERM INTERSINDICAL queremos denunciar y hacer público este intento de reconversión y nuevo ataque a la Educación. El gobierno sigue empeñado en aprovechar la coyuntura para degradar lo más posible este derecho público y universal, asfixiando económicamente e introduciendo criterios retrógrados en la estructura curricular que retroceden en lo pedagógico y van en contra del papel compensador de las desigualdades sociales que debe jugar. Es un clamor generalizado desde organizaciones internacionales la necesidad de invertir en la enseñanza y de su repercusión contra la exclusión de los menores en nuestra sociedad. Exigimos la retirada de este borrador de Decreto y que se elabore uno nuevo con una perspectiva de inversión, inclusión y calidad.

 

Ver anexo 5, cuadro que resume las incongruentes intenciones del ministerio.

Ver proyecto de Real Decreto.

Comunicado de la Confederación de STEs-Intersindical

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