Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitario

 

Reproducimos a continuación la resolución emitida por unanimidad en la Junta de Personal Docente de 9 de enero de 2014.

La Junta de personal docente no universitario de Murcia lamenta las iniciativas anunciadas por la Consejería de Educación con motivo de la publicación de los resultados de las pruebas PISA 2012 el pasado 3 de diciembre de 2013.

Tanto en las declaraciones de los responsables de la Consejería a los medios como en la reunión habida en la tarde del 16 de diciembre con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial aparecen tres elementos que no consideramos aceptables y sí gravemente perjudiciales para el sistema educativo, para el prestigio y dignidad del profesorado al que representamos y para el diálogo social y las relaciones laborales en el marco educativo regional.

 

Nos referimos a:

 

1.- El intento de responsabilizar al profesorado de los resultados obtenidos por el alumnado murciano en las pruebas PISA; que no soporta el más mínimo contraste con la realidad, desenfoca cualquier análisis que pretenda abordar con rigor y seriedad las carencias del sistema educativo murciano y constituye un inmerecido e injusto ataque a la profesionalidad, entrega y dedicación de la inmensa mayoría del profesorado

2.- El anuncio de la publicación del “ranking” de centros (ya sea de manera directa o indirecta) solo pretende clasificar a los centros en función de la nota obtenida por sus alumnos en diversas pruebas de diagnóstico sin atender a otros condicionantes de carácter socio económico.

3.- El intento de confundir a la opinión pública presentando las reuniones de los Grupos de Trabajo surgidos de la Mesa Sectorial de Educación del 8 de octubre del año pasado como un Plan Integral de Mejora del Sistema Educativo fruto del diálogo social. Este intento de presentar a la opinión pública lo que no pasa de ser un conjunto deslavazado de reuniones sobre temas concretos, muy específicos y no articulados -en los que no se ha llegado a acuerdo alguno- como un proceso articulado de negociación sobre cuestiones de carácter general, desnaturaliza la negociación colectiva pretende presentar la acción de la Consejería como fruto del consenso sindical y de la negociación.

En opinión de la Junta de personal, estos elementos, con el correlato de medidas que se anuncian -plan de evaluación universal del personal docente, de los equipos directivos y de los propios centros, publicación del “ranking” de centros y eliminación de la zonificación-, van a contribuir a menoscabar la imagen de nuestro sistema educativo, a poner en el ojo del huracán a sus profesionales, y a dificultar la consecución de acuerdos que permitan afrontar la necesaria mejora de la educación en nuestra región. Ello, unido a la continuidad de los recortes -y de las dificultades añadidas que comportan- y a los desarrollos reglamentarios de la recién aprobada LOMCE configuran un panorama de conflictividad que la Consejería debería intentar reconducir y aplacar.

No nos gusta la imagen de una Consejería que toma decisiones a espaldas de la comunidad educativa, sin ningún análisis conjunto y prescindiendo de cualquier aportación, como ha ocurrido durante el primer trimestre del curso con la reforma de la FP, el desarrollo del bilingüismo o, en el extremo de la precipitación e improvisación, las medidas de refuerzo educativo individualizado que han pretendido abrir una vía de privatización de actividades lectivas en los centros de secundaria.

Consideramos que no es tiempo de cortinas de humo sino de una apuesta decidida y contundente a favor de una Educación Pública de calidad, participativa y democrática. En esa apuesta por lo público sobran las actitudes que describimos más arriba y creemos que resulta más oportuno y adecuado a las necesidades de nuestro sistema educativo que se opte por el diálogo, por el entendimiento y por la búsqueda de medidas acordadas conjuntamente.

Las organizaciones sindicales estamos de acuerdo en la necesidad de realizar un análisis riguroso de la realidad que viven nuestras aulas. Pero un análisis desprejuiciado y sereno, que busque el consenso con y en la comunidad educativa, que no eche por tierra reflexiones anteriores que fueron compartidas, y que no pretenda ser simplemente la excusa para imponer medidas que resultan ajenas a los problemas a afrontar.

En este sentido entendemos que la búsqueda de un diagnóstico compartido de la situación educativa hace imprescindible que la Consejería inicie un proceso de evaluación autocrítica de sus actuaciones. Empezando por utilizar un lenguaje que no transmita a la sociedad una visión desvirtuada de la realidad de los centros educativos y de los profesionales que en ellos desarrollamos nuestro trabajo. Porque existen problemas que hay que afrontar sin miedos; y que la visión del “todo va bien” proclamada por el Consejero, no solo no se corresponde con la realidad sino que es un obstáculo para abordarla en sus justos términos. Ya existen dinámicas de evaluación de la práctica docente y directiva, sin duda mejorables; que demuestran la preocupación de los y las profesionales por mejorar el desempeño de la labor que desarrollan. Debería ser urgente para la Consejería, para esta Junta de Personal lo es, abordar la catalogación de los centros de actuación educativa preferente –aquellos en los que se concentran las dificultades y que requieren de un mayor esfuerzo y compromiso de la Administración- que es un compromiso ya antiguo reiteradamente pospuesto por la Consejería y sobre el que existía un amplio campo de coincidencias.

Cualquier dinámica o plan de mejora del sistema educativo debe basarse en un análisis mucho más profundo y plural que el que indicadores como los del informe PISA o las pruebas de diagnóstico permiten obtener.

No obstante, de éstos emanan claves que pueden ser válidas: Las que señalan a la fragmentación socioeconómica y a las diferencias socioculturales de la población como uno de los elementos explicativos (y en ocasiones factor determinante) de los resultados académicos. Y a esta cuestión no se puede responder con rankings de centros, sumamente previsibles, ni con medidas similares como la eliminación de la zonificación, enfocadas a cualquier cosa menos a solucionar el problema de fondo; abocadas por el contrario a segregar y diferenciar más aún unos centros de otros cuando no a marcar fatalmente a algunos de ellos.

Así las cosas, si la Consejería de Educación quiere que, de verdad, las organizaciones sindicales participen con sus diagnósticos y propuestas en la elaboración de un programa ambicioso de reformas encaminadas a la mejora sustancial del sistema educativo regional; ha de cambiar, para empezar, su actitud.

Las organizaciones sindicales hemos estado, estamos y estaremos dispuestas para trabajar y contribuir activamente a la solución de los problemas pero no para generar titulares publicitarios.