RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DE 21 DE OCTUBRE

ANTE LA JORNADA DE HUELGA EN EL SISTEMA EDUCATIVO EL 24 DE OCTUBRE

 

La Junta de Personal docente no universitario de Murcia llama a todo el profesorado de la región a secundar la huelga educativa convocada por el conjunto de las organizaciones sindicales del sector para el próximo 24 de octubre.

La huelga ha sido convocada contra la aprobación del proyecto de Ley de LOMCE, contra los recortes en educación que deterioran tanto los derechos sociales y laborales del profesorado como la calidad del servicio educativo, y por la negociación de un Estatuto docente que aborde las reivindicaciones del profesorado y de satisfacción a sus aspiraciones.

El proyecto de LOMCE que en estos días se discute en el Senado, tras haber sido aprobado en el Congreso de los diputados únicamente con los votos del grupo parlamentario que sustenta al gobierno de la nación y con el rechazo del conjunto de la comunidad educativa regional y estatal, ha llegado al Parlamento huero de cualquier apoyo de la comunidad educativa y es fruto de la imposición, de la falta de diálogo y de la incapacidad de consenso del Ministerio de Educación y de su titular. Es además fruto del incumplimiento de un compromiso gubernamental, pues el Ministerio se había comprometido a negociar en paralelo con la elaboración de la LOMCE el Estatuto Docente que a estas alturas ni está ni se le espera.

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El proyecto de LOMCE no nace de un análisis serio o riguroso de la realidad educativa existente y carece por tanto de un diagnóstico de cuales sean los problemas a los que hay que dar respuesta y solución o de cuales puedan o deban ser éstas, y de cuáles son los puntos fuertes que hay que mantener e incluso reforzar.

Refleja, además, una visión sesgada y apriorística que da por supuesto que la totalidad de la comunidad educativa comparte la visión gubernamental sobre lo que ocurre o lo que debiera ocurrir en las aulas, lo que convierte el proyecto en un texto hiper ideologizado y sectario.

El proyecto de Ley tiene también un sesgo mercantilizador del sistema educativo en el que pareciera que lo fundamental del sistema educativo no fuese formar ciudadanos libres, críticos y conscientes sino la formación de la mayoría adaptada a los requerimientos de un mercado de trabajo crecientemente precario como el que padecemos, reservando el acceso a los estudios superiores para una minoría “selecta/seleccionada” por su origen social. No menos grave es la inclinación, inocultable, hacia la privatización del servicio público educativo, inclinación que se ve acentuada tras el paso del proyecto por el Congreso y la introducción en el texto de enmiendas del grupo parlamentario popular que introducen la concertación a demanda y la obligación municipal de cesión de suelo público para la construcción de centros privados.

El proyecto de LOMCE diseña un modelo de Ley contra el profesorado, no solo convierte en estructurales recortes que se habían presentado en el momento en que se aprobaron como meramente coyunturales o accidentales, sino que desprecia su cualificación y pone en grave riesgo las plantillas docentes y su estabilidad. La LOMCE agrede también las condiciones de estudio del alumnado económicamente más débiles modificando las reglas de juego que regían el sistema de concesión de becas y estableciendo una autentica carrera de obstáculos mediante la imposición de una sucesión de, las eufemísticamente denominadas, “evaluaciones individualizadas” de carácter externo y estandarizado que al tiempo que cercenen las posibilidades de los estudiantes suponen un desprecio a la labor y profesionalidad de los docentes y permitirán, en una versión del mundo boca abajo, que docentes de la enseñanza privada enmienden la plana a los funcionarios públicos de los Cuerpos docentes.

La Ley no solo distorsiona las plantillas sino que establece un modelo de dirección de los centros, más que fuerte autoritario, que concede un abanico tan amplio de potestades al director, cuya selección se reserva la Administracion garantizándose la mayoría en la correspondiente comisión de selección, que altera y socava los derechos establecidos del profesorado (permitiendo que los directores seleccionen los componentes de sus claustros y rechacen profesorado procedente de listas centralizadas) y acaba con la participación democrática de profesores, familias y alumnado en la gestión de los centros.

Es una ley que no solo mantiene rigideces actuales sino que las aumenta mediante la imposición de itinerarios que impiden el acceso a la totalidad de posibilidades formativas posteriores y que segregará desde concepciones clasistas al alumnado, segregación que se verá estimulada por la posibilidad de los centros de especializarse curricularmente.

Mantiene la posibilidad de financiación pública de los centros que escolarizan al alumnado diferenciadamente en función del sexo, garantizándola con una mención específica a pesar de la más que presumible inconstitucionalidad de la medida.

Y por si le faltara algo, cercena las competencias autonómicas cuestionando uno de los aspectos básicos del consenso constitucional y deteriora la Formación profesional que tanto ha costado dignificar.

Es en definitiva una Ley que hay que evitar que llegue a entrar en vigor.

Pero al tiempo que el proceso de aprobación de la LOMCE avanza a toda velocidad, nada se mueve en el sentido de dar cumplimiento a la promesa electoral de negociar un Estatuto de la función pública docente.

El Estatuto docente debe ser, en opinión de esta Junta de Personal, el instrumento que sirva para garantizar elementos clave de la profesión docente. El primero de estos elementos debe ser la recuperación del empleo destruido y perdido en estos años como consecuencia de la política de recortes; para ello deben recuperarse y mejorarse plantillas y ratios y recuperar la jornada lectiva anterior. El segundo elemento que debe garantizar el Estatuto docente es la recuperación de la jubilación anticipada y bonificada y la recuperación y desarrollo de la jubilación a tiempo parcial con contrato de relevo. Debe abordar también el Estatuto la recuperación del poder adquisitivo perdido y el establecimiento de un desarrollo profesional no jerarquizante que abra expectativas de mejora salarial a lo largo de la vida profesional. El Estatuto debe, igualmente, dar solución definitiva a la problemática relacionada con la responsabilidad civil, recuperar la acción social, garantizar la integridad de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad o accidente, mejorar el régimen de permisos y licencias y aumentar la protección a la situación de maternidad y paternidad. As´i mismo debe garantizar la formación permanente del profesorado con cargo a la jornada laboral de permanencia en el centro de trabajo y desterrar cualquier posibilidad de movilidad forzosa.

La Junta de Personal quiere transmitir a todos los docentes de la región su compromiso en la lucha contra las agresiones que sufre la colectividad docente, contra las amenazas de nuevas agresiones que se ciernen sobre ella y en la reivindicación de las mejoras que cada día resultan más imprescindibles y su convencimiento de que el 24 de octubre es una fecha muy indicada para demostrar que Juntos Podemos Más y mostrar a las distintas administraciones de las que dependemos la fuerza y la decisión con que estamos dispuestos a defender la escuela pública, a sus docentes y a sus derechos laborales y sociales.



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