RECHAZO al borrador de orden

RECHAZO al borrador de orden

La Junta de Personal Docente no Universitario, RECHAZA el borrador de orden por la que se establece el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dicho borrador de orden supone un nuevo recorte, acumulado a los ya aplicados en años anteriores, a las plantillas docentes de estos centros educativos. La propuesta supone además, la pérdida de derechos laborales asentados y la desregulación de condiciones de trabajo del profesorado. La Consejería pretende “trasladar” la responsabilidad de la aplicación de estas medidas a los equipos directivos, a los que simultáneamente se les regatea los recursos horarios necesarios para ejercer adecuadamente sus funciones. El nuevo sistema que se pretende aplicar ya este verano, asigna profesorado a los centros en función del número de alumnos matriculados, permitiendo que éstos sean agrupados en aulas que podrán superar en un 20% las ratios máximas legales establecidas en cada etapa educativa. Además se recortan las dotaciones horarias para Orientación Educativa, Servicios a la Comunidad, atención a la diversidad y educación compensatoria. La Formación Profesional resulta especialmente perjudicada en el nuevo modelo, pues se pierden numerosas horas de desdobles y especialmente de las asignadas a la preparación y seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo del alumnado. También quedan seriamente perjudicadas las coordinaciones didácticas (jefaturas de departamento) y las dedicadas a la prevención de los riesgos laborales, la promoción de la salud, los responsables de medios informáticos y otras específicas. Resulta especialmente llamativa, la pérdida de asignaciones horarias para el desarrollo de las enseñanzas bilingües. Este modelo supone un nuevo desarrollo “fundamentalista” de la LOMCE, que con la excusa de una falsa “autonomía pedagógica de los centros” acaba con derechos laborales y descarga en los equipos directivos responsabilidades políticas que corresponden a la Administración. Este nuevo sistema de cálculo de profesorado supone una vulneración por parte del gobierno regional del mandato parlamentario de realizar una aplicación de mínimos de la LOMCE. Por otro lado, denunciamos también la precipitación en la aplicación de una propuesta que requeriría de un tiempo suficiente de negociación para garantizar la posibilidad de llegar a acuerdos, y no la imposición a “machamartillo” de decisiones preestablecidas que cuestionan la sinceridad de los discursos que hablan de la voluntad de llegar a un acuerdo por la educación en esta Región.

Los miembros del pleno de la Junta de Personal respaldan a los representantes del profesorado presentes en la Mesa Sectorial de Educación  en su rechazo este proyecto de orden e invitan al conjunto del profesorado a participar en las movilizaciones que se convoquen.



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