EL INCIERTO FUTURO DEL PROFESORADO INTERINO

El viernes, la Plataforma Estatal por la Consolidación del Empleo del Profesorado Interino puso sobre la mesa la inestable realidad de la situación de miles de docentes en el Estado español.

Encarni Martínez, por AIDMUR, Ángel L. Hernández, por FEDI, Teresa Rodríguez, por STERM Intersindical, Javier Sánchez Serna, por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Voro Benavent, por STEs-i, analizaron la realidad del colectivo interino.

Despidos, aumento incontrolado de la tasa de interinidad, precarización del empleo y reducción de la calidad educativa por la enorme inestabilidad de las plantillas en los centros, que se sitúa en torno al 20-30% de plantilla flotante en los mismos.

La PECEPI, nace con el objetivo de conseguir estabilizar a las y los trabajadores en sus puestos de trabajo. Una de las primeras acciones que se ha llevado a cabo ha sido el llamamiento a la movilización contra la limitación de los 3 años de trabajo para el personal interino, recogido inicialmente en los Presupuestos Generales en el artículo 19.2, y cuya desaparición ha supuesto momentáneamente un respiro. Se pretende también desde la Plataforma ponerse en contacto con los partidos políticos para conseguir que se visibilice la situación de excepcionalidad que vive el profesorado interino y que permitiría conseguir la consolidación del colectivo a través de una propuesta de acceso diferenciado.

Estos últimos años, a nivel internacional y en nuestro país, la Educación se deja de concebir como un derecho de la ciudadanía, y se muestra como un servicio, que bien puede ser ofertado por la red pública o por la red privada, una educación enfocada al mercado laboral, una pieza más del proceso productivo, donde ya no se habla de docentes, sino de técnicos educativos. Una revolución neoliberal.

La LOMCE se ha convertido en un proyecto para hacer de la escuela pública una red asistencial con respecto a la privada y concertada. Y el compromiso de la mayor parte de partidos políticos de derogar la LOMCE ha terminado en un proyecto de Pacto Educativo que puede no ir más allá de maquillar la Ley actual.  Así, en la Subcomisión del Congreso por un Pacto Educativo, Ciudadanos y el Partido Popular muestran su defensa de la privada como garante de la libertad de elección de las familias, una apuesta que se ha materializado en la Región Murciana con la ampliación de los conciertos educativos a Bachillerato y Formación Profesional.

La única manera de garantizar la pluralidad ideológica es la Escuela Pública, ya que evita el control ideológico y frena cualquier control político o económico. Esa garantía la da la figura del funcionario/a, ya que la función pública es la única forma de blindar la libertad de las y los enseñantes frente a gobernantes y empresarios.

La derecha política está presionando en la Subcomisión para que el Pacto avance el Estatuto Docente, con el cambio de la forma de acceso a la función docente, estableciendo un periodo de prácticas, quizá remuneradas, quizá no, para aquellas personas que estén cursando estudios para acceder a la docencia. De manera que muchas de las plazas que ahora se ofertan para el personal interino, estarán cubiertas por este alumnado en prácticas.

Plantear un Estatuto Docente con la actual legislación, sin un aumento de la inversión en Educación Pública, sin revertir los recortes y sin recuperar los derechos perdidos, sólo va a servir para reforzar un modelo educativo con un sesgo ideológico neoliberal-mercantilista.

La interinidad ha obedecido fundamentalmente a un interés económico, porque su coste era inferior al no cobrar algunos complementos (trienios, sexenios) y cuando la justicia europea ha obligado a las administraciones a reconocer los mismos derechos salariales que para el funcionariado, éstas han acudido a eliminar los meses del verano en su contratación. Las administraciones han estado actuando en fraude de ley, puesto que el Estatuto Básico del Empleado Público no permite que las vacantes estructurales sean ocupadas por personal interino. Ahora, la amenaza de judicialización masiva ha hecho que el Gobierno se plantee un proceso de reducción de  las tasas de interinidad. El recién firmado Acuerdo para la Mejora del Empleo Público pretende consolidar el empleo en esas plazas estructurales, pero sin ninguna garantía para las y los trabajadores que están ocupando esas plazas actualmente, el profesorado interino. Este Acuerdo, que se convertirá en norma legal con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, establece que los procedimientos extraordinarios para la consolidación de empleo  no comportarán incremento de gasto ni de efectivos, con lo que imposibilita la recuperación de más de 30.000 puestos docentes perdidos durante la crisis, al tiempo que impide la recuperación de los horarios docentes antes de los recortes educativos y el restablecimiento de  las ratios en las aulas, o sea, que mantiene el castigo a la escuela pública.

En la Educación Pública no universitaria trabajan unos 500000 docentes, de los cuales aproximadamente un 25% son interinos. Si se oferta el 90% de las plazas estructurales y se pretende que se reduzca la interinidad al 8%, sin un acceso específico que garantice la funcionarización de todo el colectivo interino, un buena parte del mismo, unos 20.000 o 30.000 docentes, puede perder su empleo, lo que puede constituir un ERE sin precedentes.

Desde la PECEPI exigimos que nadie pierda su empleo, porque no es culpa del profesorado interino que la Administración haya abusado de las plazas estructurales. Demandamos un acceso diferenciado que consolide el empleo del profesorado interino que ahora está ejerciendo en los centros públicos y que rescate también a quienes han perdido su trabajo en los últimos años, y para ello demandamos voluntad política para realizar las adaptaciones legales que sean necesarias. El EBEP, en el artículo 61.6 se establece que de forma extraordinaria y previa ley, se podría acceder a una plaza pública por concurso, lo que puede constituir una opción válida para solucionar la funcionarización plena del profesorado interino.

Llegaremos a la Mesa General de Educación con la intención de buscar la mejor fórmula posible para garantizar la consolidación del profesorado interino.

Nuestro objetivo debe ser la consolidación del profesorado interino y también que la comunidad educativa y el profesorado sean agentes activos en la reformulación de nuestro modelo educativo, repensando qué se enseña, cómo se enseña y cuál podrá ser el mejor modelo de acceso a la función pública. Todas y todos debemos ser partícipes en esta lucha, porque la Educación Pública es garante de justicia social, es diversa, inclusiva y forma personas. Esta es la educación que queremos.

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