IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

No sé si alguien profano al mundo de la Educación ha tenido la curiosidad de ojear el preámbulo de una ley tan controvertida para la opinión pública como es la LOMCE.
En este preámbulo se dice que el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país.
También dice que solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
A simple vista y, a pesar de que incluso se puede articular un interesante debate a partir de estas líneas, es una declaración de principios adecuada para una ley que pretende desarrollar la educación de millones de alumnas y alumnos del Estado español. El problema radica en que una cosa es lo escrito en un BOE y otra muy diferente la que los poderes públicos están llevando a cabo. No voy a entrar en el debate de una ley que la Comunidad Educativa en su conjunto rechaza por ideológica, clasista, injusta y desintegradora. Prefiero centrarme en el desarrollo de la misma en una de las comunidades autónomas que, por ser del signo del gobierno central, la han llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias siendo un referente para el resto de comunidades en manos del PP.
Y qué mejor que hacerlo con ejemplos concretos, ya que si no se corre el riesgo de escribir un libro en lugar de un artículo.
El ejemplo de hoy va a estar centrado en la igualdad de oportunidades que ofrece la educación española con respecto a los centros de actuación preferente, que en la Región de Murcia hay unos cuantos.
Hasta hace una década, la Región de Murcia era un referente en la atención del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, tanto de alumnado que presentaba necesidades educativas especiales como aquel que pertenecía a grupos sociales marginados o en peligro de exclusión social. En estos grupos, siempre según la nomenclatura de los documentos oficiales, se encontraba el alumnado proveniente de países de habla no hispana (por supuesto no de los socios europeos), es decir, provenientes de Marruecos, Argelia, Libia, Rumanía…, el alumnado de etnia gitana y otros que su entorno era tan desfavorecido económica y socialmente que necesitaban una actuación educativa compensadora de la desigualdad con el fin de que estas niñas y niños pudiesen acceder a una educación sin exclusiones. En esos momentos se invertía en Educación y en La Región de Murcia, pionera (como ahora pero por motivos diametralmente opuestos) se formó el profesorado para responder a la demanda que hacía este alumnado. A través de la educación Compensatoria se crearon programas, se formaron profesionales, se crearon recursos muy interesantes que permitían dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo día a día. Hasta que llegó la LOMCE, los recortes y el gobierno peor preparado en materia de educación que ha pasado jamás por este país y por esta región.
Y por no perderme más, llegamos al ejemplo. Un centro que escolariza mayoritariamente a este “tipo de alumnado”, el gobierno regional, lejos de apoyar, ensalzar el excelente trabajo llevado a cabo por sus profesionales, dotar de recursos a través de la bajada de ratios y el aumento de profesorado de refuerzo educativo, favorecer la autonomía en la toma de decisiones pedagógicas…, digo, en su afán por recortar en la pública, le plantea la creación de un aula mixta de Educación Infantil y Primero de Primaria, con el fin de ahorrarse un docente y así seguir sacando dinero público para la financiación que necesitan “otros centros”.
Lejos de escuchar a sus docentes, que luchan porque creen de verdad que a través de la educación su alumnado tendrá acceso a una igualdad real de oportunidades y a un desarrollo armónico de sus capacidades y teniendo la tranquilidad de que las familias van a poner poca oposición ya que su preparación no les permite entrever el trasfondo que persiguen estos recortes, siguen retrocediendo en materia educativa, dándonos la razón a todos aquellos profesionales que no paramos de luchar por una educación pública de calidad, inclusiva y real para todas las niñas y niños, especialmente para quienes más necesitan de la Educación en mayúsculas.
¿Imaginan ustedes qué ocurriría si esto se hiciese en un colegio concertado católico? ¿Lo aceptarían las familias? ¿Se atrevería la Administración a sugerírselo siquiera a la dirección del centro?
Las personas que trabajamos muchos años en la Escuela Pública sí sabemos lo que ocurriría, porque en esta región hay una doble vara de medir, la del alumnado de élite y la del resto, que por no serlo , para este gobierno no merece mucho más de lo que le da.
¡¡¡Ésta NO ES la Educación que queremos!!!