HUELGA 9M, YO VOY

El próximo 9M, di YO VOY a la HUELGA, porque sobran motivos;

SIETE AÑOS DE RETROCESO Y RECORTES EDUCATIVOS

El Real Decreto-Ley 8/201 O de recortes del 5% de salarios y de la congelación retributiva para los Empleados Públicos supone el inicio de una serie de ajustes en las condiciones sociolaborales del profesorado y para nuestro sistema educativo. Siete años más tarde la acumulación de dichos recortes y las contrarreformas educativas (LOMCE, reforma de la LOU y Reales Decretos de desarrollo de ambas normas) han supuesto un gran retroceso que nos sitúa en condiciones del siglo pasado.

De forma sucinta exponernos algunas de las medidas que han generado las mayores agresiones a los trabajadores de la enseñanza y por tanto a la educación.

Menos profesorado y menos personal en los centros educativos y universidades, más precariedad laboral

Las reducciones de plantillas por efecto de la tasa de reposición, el aumento de las horas lectivas y de la jornada laboral, el incremento de la carga académica, la desaparición de programas, … han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente y un aumento en la precariedad de los mismos. Según los datos del MINHAP entre enero de 2012 y enero de 2016 se han perdido 41.014 puestos de funcionarios docentes en los niveles anteriores a la universidad, 4.643 profesores universitarios y 2.470 puestos de personal de administración y servicios de las universidades.

La continua reducción de la Oferta de Empleo Público que se ha venido sufriendo desde el 2011 en que la cifra de interinidad en la docencia era de 8% ha supuesto una disminución drástica de los puestos docentes (alrededor de 35.000) y un aumento en la precariedad de los empleos. Esto supone que el 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino, colectivo al que debería garantizarse una estabilidad en el empleo.

En el resto de los sectores, la temporalidad y la precariedad también se ha incrementado significativamente.

  • Entre el personal de servicios educativos y complementarios (PSEC), el 30% tiene contratos temporales.
  • El 41% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas tiene contratos temporales y en muchos casos precarios.
  • La mayoría del personal investigador, contratado con cargo al capítulo VI de los presupuestos de las universidades, tiene contratos temporales.
  • En las plantillas del personal de administración y servicios de las universidades públicas la temporalidad ha crecido hasta alcanzar el 17%.

Menos apoyos educativos

La política de recortes del Ministerio de Educación ha hecho desaparecer programas educativos que tenían una gran importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar, como Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, ContratosProgramas, Programa ARCE, reducción del Plan de disminución de abandono escolar temprano, entre otros. Se mantienen recortes o disminución de partidas destinadas al apoyo, refuerzo y orientación educativa.

Las partidas destinadas a programas de Educación Compensatoria en los PGE están casi desaparecidas. La variación 2016 – 2011 es de – 92,71%, es decir 65 millones de euros menos.

Menos recursos

A los recortes de recursos humanos y educativos hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, mobiliario y equipos para todos los niveles educativos, el descenso generalizado de los gastos de funcionamiento de los centros educativos, disminución en los gastos de personal docente y no docentes.

Menos formación permanente

La práctica desaparición de los Programas para la formación permanente del profesorado, la reducción de centros de profesores, la disminución de licencias por estudios, … , hacen que la formación docente y no docente quede en la voluntariedad individual y con el consiguiente coste económico para las trabajadoras y trabajadores del sector.

El gasto destinado a este programa en los PGE va disminuyendo hasta casi su desaparición, de tal forma que desde 2011 a 2016, la variación ha sido de un -93,77% (- 49,07 millones de euros).

Menos financiación

La cifra total que se ha dejado de invertir en Educación (PGE) desde 2011 es de 3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añade los más de 3.000 millones adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los RD 14/2012 y 20/2012, la cifra alcanza más de 6.500 millones de euros. La variación entre los presupuestos en educación del 2016 y del 2011 supone un recorte del -12,64%, es decir, 359,48 millones de euros menos que en el 2011. El porcentaje perdido desde 201 O en Educación estaría por encima del 13%.

A esto hay que añadir las cantidades retraídas a los Empleados Públicos en 201 O (-5% de recortes en salarios), así como su aplicación en la enseñanza concertada.

Se ha pasado de un 4,9% del PIB en 201 O a un 4,1 % en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan por debajo de las cantidades que se invertían en el 2005 (4,3%). Esto nos sitúa lejos de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%).

Esta reducción de la inversión pública ha venido acompañada de un incremento del gasto de las familias. El ejemplo más evidente se ha producido en el exagerado incremento de los precios públicos de las enseñanzas universitarias, Desde la aprobación del ROL 14/2012, los incrementos medios de los precios de los grados superan el 32% y los de master el 75%.

Esta desmesurada subida de precios, producida durante la peor crisis económica de las últimas décadas, junto con la injusta política de becas, ha dificultado a muchos alumnos y alumnas el acceso a los estudios universitarios y ha provocado un inaceptable incremento de las desigualdades.

Aumento de ratios

En aplicación del RD-Ley de 2012 de medidas educativas se han incrementado las ratios en un 20%, pasando a 30 alumnos por aula en Educación Primaria, y 36 alumnos en Educación Secundaria, lo que está repercutiendo en la calidad de la enseñanza. El aumento del número de alumnos en las clases ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema. La atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, las aulas de Infantil masificadas son más difíciles de gestionar, se han cerrado escuelas rurales, se ha dificultado la atención de los alumnos en los módulos de Formación Profesional y han aumentado los problemas de convivencia en las aulas de Bachillerato con más de 40 alumnos. Este aumento de ratio ha tenido consecuencias en la desaparición de los grupos de refuerzo, desdobles …

Más carga horaria

La aplicación del RD-Ley de 2012 reordena el tiempo de trabajo del profesorado generalizando las 37,5 h de jornada.

Además regula la jornada lectiva estableciendo corno mínimo 25 h. lectivas para Infantil y Primaria y 20 h. en las restantes enseñanzas.

El incremento de carga lectiva supone menos tiempo para otras actividades como, tutorías, departamentos, coordinación, evaluación

Incremento de la dedicación docente en el ámbito universitario

El RD-Ley de 14/2012 modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario e incrementa la carga académica hasta los 32 créditos ECTS de aquellos profesores que no hayan obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora, de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

El incremento de la dedicación docente hasta los 32 créditos ECTS, sin que quede claro el tiempo de dedicación que exige del profesorado, esta produciendo unas diferencias de dedicación del PDI entre universidades que no están justificadas y un una nueva desvalorización de la docencia en el ámbito universitario.

Peores condiciones sociolaborales

La política educativa de recortes impuestas por el gobierno han afectado sustancialmente a las condiciones de vida de los trabajadores de la enseñanza:

  • Al recorte del 5% en salarios de todos los trabajadores del sector se añade la congelación de los mismos, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo que supera en el 15,4% si tenernos en cuenta la evolución del IPC Entre 2010-2016 los docentes han dejado de percibir entre 10.000 y 16.000 euros del salario bruto (sin antigüedad) dependiendo del cuerpo al que pertenezca.
  • Se han suprimido las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el 100% de las retribuciones durante el tiempo que se está de baja por enfermedad.
  • Se han suspendido y/o rebajado de forma generalizada la concesión o abono de cualquier ayuda en concepto de acción social, así corno cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad.
  • No se cubren las bajas hasta los 15 días de su notificación
  • Eliminación y/o disminución de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos …
  • Dificultades para la reducción de horas lectivas de mayores de 55 años
  • Se han flexibilizado las atribuciones docentes convirtiendo al profesorado en “polivalente”, obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia y a la reducción de plantillas.
  • Aparecen mayores exigencias para el reconocimiento de sexenios.
  • Reducción de permisos, licencias por estudio, asuntos propios …

 

 

 

Por tanto, el sector de Enseñanza exige:

  • La derogación del RD-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativa que introdujo los mayores recortes educativos y la derogación del RD-Ley 20/2012.
  • La derogación de la LOMCE y de las reformas de LOU. Igualmente exigimos la derogación de los decretos de desarrollo de ambas normas.
  • La retirada del recurso de paralización de la LOMCE interpuesto por el gobierno ante el tribunal Constitucional
  • La reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza
  • La negociación colectiva de todos los aspectos que afecten a los trabajadores de la enseñanza en todos sus niveles y particularmente la recuperación de las 35 horas/semanales, reversión de las actividades externalizadas a la titularidad y gestión pública, así como la delimitación clara de las funciones de algunos colectivos.
  • La participación prioritaria de los SINDICATOS junto a otros agentes sociales en las negociaciones de un Pacto por la Educación

Por si no fuera bastante y en lo que afecta directamente a los Trabajadores de la Enseñanza:

  • Se mantiene una ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria. Ello con consecuencias inmediatas para los Trabajadores de la Enseñanza, tanto del ámbito público como privado concertado.
  • Una ley sin financiación suficiente, lo que añade nuevos problemas al sistema educativo.
  • Evaluaciones externas y tempranas que llevan a la separación/segregación del alumnado y de los centros sin que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de origen o cualquier otra circunstancia personal.
  • Un procedimiento que abre la puerta a la especialización y clasificación de los centros que llevará necesariamente a la selección del alumnado en función de sus niveles académicos.
  • El fortalecimiento de las direcciones de los centros incidiendo en la selección del personal docente e, incluso, en la selección de los alumnos. Ello con las consecuencias de afectación al derecho de movilidad del profesorado.
  • La reducción de la optatividad y en consecuencia de las materias de modalidad en el Bachillerato lo que lleva a un recorte en el profesorado de cerca de 5.000. Igualmente obliga, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado que afecta a sus condiciones laborales.
  • La inestabilidad de las plantillas de los centros, con un alto grado de interinidad e inseguridad laboral, que incide en la calidad educativa.
  • Una Formación Profesional básica que da lugar, necesariamente, a una segregación temprana del alumnado para llevarle al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, que afecta principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones laborales de los Trabajadores.
  • Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares e incidiendo negativamente en la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.
  • Medidas que inciden negativamente en las condiciones laborales de los Trabajadores de la Enseñanza, sin que las Administraciones educativas hayan utilizado los cauces necesarios y legalmente establecidos para la negociación de sus condiciones de trabajo, limitando su actuación, en muchos casos a tomar nota de lo que las Organizaciones convocantes opinan. Los trabajadores y trabajadoras han sufrido un grave retroceso en sus derechos laborales.
  • La vulneración sistemática de los acuerdos laborales que garantizaban unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales. Estas Administraciones se han caracterizado por un menosprecio absoluto de la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas. Se sigue demorando de forma indefinida la negociación del Estatuto Docente de los Profesores de Universidad.
  • Se han incrementado de forma exagerada los niveles de exigencia para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, endureciendo el sistema de acceso las plazas de PDI funcionario.
  • Está pendiente que el Ministerio de Educación negocie con los representantes legales, los SINDICATOS, la situación actual de los trabajadores de la enseñanza a pesar de haberse solicitado por escrito, tanto en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria y universitaria como en la privada.

Todas las medidas que citamos se han realizado sin la participación de la comunidad educativa y particularmente de los representantes legales de los Trabajadores de la Enseñanza.

Además, la reducción de los presupuestos dedicados a la educación, tanto en las Comunidades Autónomas como en el ámbito local, afectan gravemente a los profesores que imparten enseñanzas no regladas, como Música y Danza, que ven peligrar sus puestos de trabajo.

CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS

Los recortes educativos responden a una estrategia de precisión para debilitar y degradar la calidad de la enseñanza y poder justificar así unas contrarreformas que no responden en absoluto a un diagnóstico real de la situación y, por tanto, no suponen ninguna solución a los problemas reales de la educación.

Los ejes de esta política de degradación son:

La eliminación de puestos de trabajo que son necesarios; no solo en un contexto de incremento sostenido del número de alumnos/as en el sistema, sino en la aplicación de planes, como el de Bolonia, que requieren la incorporación de docentes en condiciones de calidad. Es literalmente imposible mantener el estándar de calidad en la atención educativa si muchos menos profesores deben atender muchos más alumnos. Resulta inadmisible que la administración haga creer a la ciudadanía que puede combatir el fracaso escolar en este contexto.

La reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: se han reducido los recursos destinados a becas en todos los niveles (comedor, libros y material escolar), se ha perdido personal de servicios educativos (auxiliares, cuidadores … ), han desaparecido aulas de apoyo… La consecuencia directa es que muchos alumnos dejarán de recibir las ayudas educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social. Esto hará inviable una educación verdaderamente inclusiva en nuestro país y genera una pérdida de empleo de especialistas y profesionales de apoyo de enorme valía. Se han retirado o limitado ayudas que permitían mantener actividad extra escolar de calidad a precios asequibles.

El encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales para la sociedad y que deben ser suficientes y gratuitas. No sólo se ha reducido brutalmente el presupuesto destinado a la educación infantil pública y se ha consolidado una política salvaje de externalización, también se han incrementado desorbitadamente las tasas universitarias, se ha reducido el número de becas y su cuantía y se ha puesto precio al acceso a la formación profesional cuando las tasas de paro de la juventud alcanzan más del 50%. Se recorta el mapa de titulaciones universitarias en función de criterios economicistas.

 

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