Grado de Medicina en la UCAM

Damnificados por una universidad insaciable

La puesta en marcha del Grado de Medicina en la UCAM ha hecho que estudiantes con una media superior a 9 sobre 10 en bachillerato y selectividad, cuyo inmenso esfuerzo se ha visto recompensado con una plaza en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), dejen de utilizar los hospitales de Lorca y Cartagena, amontonándose en prácticas masificadas en los hospitales públicos de Murcia ciudad. También el profesorado de esos hospitales públicos ha dejado de poder proporcionarles esa docencia, cercenándose su carrera docente si no es incorporándose como profesorado de una Universidad Católica.

Este sinsentido se fundamenta en la adjudicación por parte del Servicio Murciano de Salud de los hospitales y Centros de Salud de esas dos áreas sanitarias a la UCAM, bajo una lógica de reparto de recursos sanitarios públicos entre la universidad pública y la católica y de privatización de la docencia e investigación sanitaria.

El Servicio Murciano de Salud y la consejería de Sanidad han fijado como objetivo facilitar las prácticas clínicas sin ninguna inversión o significativo coste adicional para la UCAM y sin tener en cuenta, o banalizando el perjuicio que ocasiona en la formación de los estudiantes de la universidad pública. Su gestión ha estado exclusivamente dirigida a la ampliación de la oportunidad de negocio e influencia de la UCAM en el sector sanitario y a garantizar su viabilidad económica.

El convenio entre el SMS y la UCAM recientemente firmado ahonda en ese principio, facilitando la docencia de sus estudiantes en hospitales universitarios que son financiados parcialmente por la UMU y omitiendo el listado de servicios y las razones que justificarían su uso bajo el vago principio de la excepcionalidad. Tanto la consejería de Sanidad como la UCAM pretenden hacer compatibles algo que no lo es, vincular hospitales públicos como universitarios de la UCAM en el marco de una legislación Nacional y Autonómica que garantiza la preferencia de las Universidades públicas sobre las privadas o de la Iglesia Católica en la programación de prácticas en centros dependientes de la Administración regional o de sus organismos autónomos.

Es disparatado que se ceda el hospital Rafael Méndez a la UCAM a pesar de que la Administración regional forma parte del consorcio que administra el Campus de Lorca y cuya obligación es garantizar la formación de calidad del alumnado de la Universidad de Murcia. También es revelador que la viabilidad de la realización de las prácticas clínicas de los estudiantes de la UCAM en hospitales públicos se base en unas inéditas cartas justificativas del Servicio Murciano de Salud realizadas en el 2013, antes de que se cuantificara la oferta formativa de los hospitales dependientes del SMS.

El modelo de clientelismo y coste cero en la enseñanza práctica diseñado por la UCAM es insostenible, ya que depende de que la correlación de fuerzas en la Asamblea Regional no cambie o que fiscalía no vea indicios de delito tras la denuncia realizada por la Alianza Ciudadana por la Calidad y Equidad de la Enseñanza Universitaria. La imposibilidad de blindar estos acuerdos ha quedado patente en la vecina Comunidad Valenciana. La UCAM no debe ni puede competir por los mismos hospitales con la UMU, y mucho menos compartirlos o privarles de su uso. Tampoco puede desequilibrar el entramado humano que cooperaba en la formación práctica de los estudiantes de la universidad pública con una OPA hostil, que busca introducir una perversa competencia y la creación de una red asistencial e investigadora afín a sus intereses.

La sobrada capacidad de inversión de la UCAM, que según datos ofrecidos por varios diarios se cifra en 30 millones de euros únicamente para el fomento del deporte, debe orientarse a crear o potenciar inversiones en el sistema sanitario privado que conduzca a garantizar una óptima formación de sus estudiantes en esos centros y permita la adecuada formación de los estudiantes de la UMU en centros públicos.
El escenario que se produce tras el reciente acuerdo entre SMS y UCAM es radicalmente opuesto a este planteamiento y conduce inevitablemente a que esta universidad siga fagocitando los recursos públicos materiales y humanos que necesite para continuar con su expansión comercial, apoyada por actores que desconocen lo que implica gestionar y defender lo público en beneficio de la mayoría. En enfermería hemos visto su consecuencia, una oferta de plazas superior a la de la universidad pública y al arrinconamiento de la formación en el Hospital Virgen de la Arrixaca. La estrategia institucional de la UCAM es, a día de hoy, la máxima debilidad de su proyecto, y dificulta su engarce en la construcción de una sociedad democrática de progreso. Lamentablemente la consejería de Sanidad le acompaña en su camino hacia ninguna parte.

Pedro Aparicio Alonso

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