18 MEDIDAS PARA APOYAR LA HUELGA EL 23 DE SEPTIEMBRE

Por unos colegios seguros e inclusivos.

La Consejera de Educación anunció el pasado 11 de septiembre un leve refuerzo de las plantillas de apoyo al COVID. Se ha necesitado el anuncio de huelga educativa por parte de STERM Intersindical y Comisiones Obreras, y la convocatoria por parte las organizaciones sindicales de una Mesa Sectorial Extraordinaria para que Educación abandonase el inmovilismo y diese algún tipo de señal.

Sin embargo, las medidas no solo llegan meses tarde después de haberse negado a negociar con los sindicatos a pesar de haber realizado numerosos llamamientos para alcanzar un diálogo social efectivo, sino que son insuficientes y, en muchas ocasiones, ineficaces. Por no hablar de la ambigüedad y la calculada imprecisión con la que se desarrollan los términos del acuerdo que lo convierten en una simple cortina de humo, en un inicio de curso en el que la Consejería de Educación ha estado en el centro de todas las críticas de la comunidad educativa. Un simulacro de acuerdo avalado por los sindicatos más conformistas que no atiende a las demandas de la comunidad educativa.

Evidentemente la convocatoria de huelga para el próximo 23 de septiembre sigue en pie porque, tal y como podemos observar en estos primeros días de curso escolar, son más las incógnitas que se plantean y los problemas que se derivan de una planificación errática y unilateral del inicio de curso, que las certezas que garantizan una vuelta segura e inclusiva a los centros educativos.

1. No es tiempo de parches. Es momento de exigir políticas que garanticen el refuerzo de Educación Pública de manera estructural no sólo para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias sino para garantizar una atención educativa inclusiva y de calidad.

2. De espaldas al profesorado. Las demandas del profesorado han sido sistemáticamente desatendidas y las decisiones adoptadas, sin tener en cuenta a las y los docentes que están en los centros educativos, se han demostrado en muchas ocasiones irreales o ineficaces.

3. No es cuestión de aforos, sino de ratios. La solución no pasa por expulsar a estudiantes de las aulas 1, 2 o 3 días por semana sino garantizar que se optimizan los espacios educativos, se desdoblan aulas y se garantiza una bajada de ratios generalizada que se aproxime a la recomendación de 15 estudiantes por aula.

4. La trampa de la semipresencialidad. Educación ha apostado por un modelo educativo que expulsa al alumnado de las aulas y que supone una doble carga de trabajo para el profesorado, que deberá atender, con los escasos recursos del centro a su alumnado a través de dos modalidades distintas.

5. Medidas sanitarias, sí. Educativas, también. Educación parece olvidar que el refuerzo de la Escuela Pública no debe ir dirigido únicamente a reducir los contagios y convertir a las escuelas en espacios seguros sino también a garantizar que son centros inclusivos donde se atiende de manera adecuada al alumnado para que se puedan mitigar las consecuencias educativas de la pandemia, sobre todo en los colectivos más vulnerables.

6. Refuerzo de las plantillas docentes. Contratar docentes que, en la mayor parte de los casos realizan labores organizativas y cuyo despido se fecha el 23 de diciembre, no responde a las necesidades reales de la escuela pública. Tras una pérdida acumulada de más de 3.000 docentes a causa de los recortes, la contratación de cerca de 900 docentes para la Escuela Pública es del todo insuficiente.

7. Servicios máximos, plantilla mínima. Educación aprueba unos servicios mínimos, en algunos centros de casi el 100%, que son la constatación de que las actuales plantillas no son suficientes para atender las necesidades del sistema público de educación y que los prometidos refuerzos son simples parches.

8. Garantizar la limpieza, para garantizar la salud. Las nuevas medidas higiénicas suponen un gran aumento en la carga de trabajo para los servicios de limpieza. Se han convertido en una tarea esencial sobre la que no cabe ningún regateo. Sin embargo, los refuerzos han sido escasos y las condiciones laborales de estas trabajadoras son precarias.

9. Se mantienen los privilegios para la privada-concertada. De los 1.500 efectivos docentes que se contratarán según Educación, cerca de 600 irán destinados a centros privados concertados. Una vez más, los recursos concedidos han sido proporcionalmente mucho mayores para esta red de centros subvencionados a pesar de que las mayores necesidades se encuentran en la Escuela Pública.

10. Dinero público, para la pública. Se suceden los decretos extraordinarios que desvían fondos públicos para centros privado-concertados. El pasado 15 de septiembre se aprobó subvencionar a estos centros con casi 1’7 millones de euros mientras la Escuela Pública sigue exigiendo que el dinero llegue a los centros educativos.

11. Acabar con la sombra de los recortes. No nos vale que se presente como mejora aquello que ni siquiera llega a revertir los recortes de 2010. En la enseñanza pública llevamos una década sufriendo los recortes de las políticas ultraliberales que socavan la eficacia del sistema.

12. Vuelta a las aulas low-cost. El gobierno Regional quiere que los centros educativos reabran sus puertas sin garantizar los recursos económicos que exigen garantizar la salud de la comunidad educativa y reforzar las plantillas docentes como es debido.

13. Acabar con la asfixia económica de los centros educativos. Educación debe asumir el coste íntegro de la adaptación de los centros educativos a la pandemia y que los ya de por sí castigados fondos económicos de los centros no se vean mermados.

14. La salud en juego. Educación ha convertido a los equipos directivos en Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales eludiendo así su responsabilidad de supervisar in situ los centros educativos y de suministrar los equipos de protección individual para todo el profesorado.

15. Condiciones dignas para el teletrabajo. La falta de regulación del teletrabajo así como la ausencia de medios proporcionados por parte de la Administración dificultan enormemente la protección de los derechos del profesorado así como su disfrute en el caso de centros educativos que cierran sus puertas al alumnado afectados por el confinamiento de su municipio.

16. Consejería especialmente in-sensible. El profesorado especialmente sensible a la COVID-19 por padecer algún tipo de enfermedad o patología está encontrando numerosos obstáculos por parte de la administración para garantizar la protección de su salud. Es urgente una revisión del nivel de protección del profesorado y de la revisión de los protocolos y medidas de protección.

17. La conciliación, otra víctima del virus. La conciliación de la vida familiar y laboral no puede ser una nueva víctima de esta pandemia. Educación debe, no solo facilitar la concesión de los permisos y licencias de conciliación, sino además que estas licencias puedan ser disfrutadas sin ninguna pérdida retributiva.

18. Nuestro alumnado, el más desprotegido. Pese a que debemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos laborales, no se nos olvida en ningún momento que el alumnado es el más desprotegido en este campo de batalla que se ha convertido el aula. Su salud, su bienestar emocional y su derecho a la educación nos obligan a aunar fuerzas con las familias contribuyendo con nuestras movilizaciones a proteger sus derechos fundamentales. 

Son muchas y variadas las razones por las cuales debemos mostrar un importante apoyo a esta huelga educativa. Una convocatoria de huelga que llega tras meses de inmovilismo por parte de la Consejería de Educación y de propuestas ineficientes, irreales e insuficientes para garantizar una vuelta segura e inclusiva a los centros educativos.

Todo el profesorado, y también las familias y el alumnado, está llamado a participar masivamente de esta huelga educativa que pretende presionar al gobierno para que aplique la distancia mínima y los desdobles en todas las etapas educativas como principal medida de reducción del riesgo de contagio.

El 23 de septiembre… ¡A LA HUELGA!

Por unos colegios seguros e inclusivos.

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