EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA REGIÓN

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA 2019

Las organizaciones relacionadas al final de este texto, se dirigen a la Asamblea Regional de Murcia, y a los grupos políticos en ella representados, para instarlos al reconocimiento del Estado de Emergencia Climática en la Región de Murcia en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente declaración y las medidas que de ella se deriven.

La Asamblea Regional de Murcia reconoce que el planeta se enfrenta a una crisis ambiental que está alterando gravemente nuestros ecosistemas y poniendo en peligro los servicios ecosistémicosi que aportan a la Humanidad y que son totalmente imprescindibles para el mantenimiento de nuestras sociedades.

Prueba de ello son los recientes informes del IPBESii de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y del IPCCiii sobre los Impactos de un calentamiento global de 1,5ºC y las sendas de emisión relacionadas, que alertan de un rumbo que lleva a una drástica transformación de los ecosistemas del planeta. Más de un millón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático.

No responder ante la crisis ecológica y civilizatoriaiv supondrá el empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas y, en consecuencia, el incremento de migraciones masivas y de la mortalidad, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

Ante estas evidencias de crisis climática, la Asamblea reconoce la gravedad de la situación y admite la reducción de las emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero como estrategia necesaria y transversal en las Políticas Autonómicas. En el caso de la Región de Murcia, esta situación adquiere un especial relieve, pues por nuestras singularidades geográficas, somos una de las regiones más vulnerables del continente europeo. Nuestra región podría definirse como una “zona cero” del cambio climático.

La ciudadanía debe de entender la urgencia de esta lucha ineludible, y la Asamblea de la Región de Murcia ha de desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre la necesaria reducción de las emisiones y realizar una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global. Asimismo, la Asamblea Regional debe desempeñar un papel clave en proporcionar información veraz y rigurosa, y en la adopción de las medidas necesarias tras la declaración del Estado de Emergencia Climática en la Región de Murcia.

La declaración del Estado de Emergencia Climática en la Región de Murcia requiere asumir compromisos políticos ambiciosos, reales y vinculantes para hacer frente a esta crisis, con la creación de normativa que permita su desarrollo, y la asignación de los recursos para poder llevarlos a cabo.

Es necesario establecer de forma urgente y prioritaria una hoja de ruta destinada a reducir a cero las emisiones netasv de gases de efecto invernadero, mediante el abandono de los combustibles fósiles, la apuesta por las energías renovables y el fomento de la recuperación de los ecosistemas naturales, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC.

Con esta Declaración del Estado de Emergencia Climática, la Asamblea Regional de Murcia se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los siguientes objetivos generales:

1)   Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero en 2035, y en cualquier caso nunca más allá de 2040.

2) Aprobar de manera urgente la Ley de Cambio Climático de la Región de Murcia, como primer paso en una nueva forma de hacer política y gestionar la emergencia climática en la que nos encontramos inmersos.

3) Hacer frente a la pérdida de biodiversidad y a la degradación y modificación del medio ambiente, y conservar y restaurar los ecosistemas.

4) Considerar la crisis climática y el medio ambiente en todas las políticas, planes y programas de la Comunidad Autónoma.

5) Promover la reducción de la demanda de energía, fomentar el autoconsumo y apostar por fuentes de energías renovables y sostenibles que sustituyan progresivamente los combustibles fósiles.

6) Diseñar sistemas de movilidad sostenible, fomentando los espacios peatonales, favoreciendo la bicicleta y otros medios no motorizados y asegurando un sistema de transporte público intermodal, asequible, sostenible y eficiente.

7) Facilitar la información y sensibilización de la población sobre la realidad de la crisis climática, sus causas y consecuencias que nos llevan a esta declaración del Estado de Emergencia Climática. En este sentido, hay que fomentar la corresponsabilidad de la sociedad en la adopción de soluciones.

8) Disminuir la producción de residuos, fomentando la reducción, reutilización y reciclado.

9) Apostar por una gestión sostenible y responsable del territorio y de los recusos hídricos, reduciendo la pérdida de suelo fértil y el avance de la desertización.

10) Favorecer una economía local y circular, basada en la reducción de emisiones y el respeto a los ecosistemas, que impulse la soberanía alimentaria, la silvicultura, la agricultura y la ganadería ecológica y de proximidad.

11) Iniciar la necesaria adaptación del territorio regional a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura media y frecuencia de los fenómenos extremos, como las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otros efectos que ya se están manifestando.

12) Establecer políticas basadas en justicia, democracia y transparencia, adoptando mecanismos de toma de decisiones basados en la participación y control ciudadana, con indicadores y objetivos verificables y cuantificables, y sistemas de vigilancia y verificación, como herramientas de seguimiento de las medidas adoptadas. Se deberán tener en cuenta aspectos sociales (género, riesgo de exclusión, colectivos vulnerables, etc) para evitar la desilgualdad social.

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