educación y justicia

Educación y Justicia

EL PROFESOR VIÑAO REFLEXIONA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE JUECES, EDUCACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 

Las Jornadas para la Educación del siglo XXI, una mirada desde las Ciencias y las Artes, siempre son abrumadoras. Primero, por ver hasta qué punto las Personas Jubiladas de la Intersindical de la Región Murciana, junto a otras organizaciones, son capaces de gestionar y generar esta enorme bola de nieve que suponen las Jornadas en cuanto a reflexión, debate y aprendizaje, que se transformará luego en otra gran bola de nieve en cada centro educativo, desde infantil hasta la universidad. Y segundo, porque vuelve a poner en el centro lo que debe estar en el centro: a nuestras alumnas y alumnos y la educación que queremos.

El profesor Viñao, en la Conferencia inaugural de estas Jornadas, reflexionaba sobre si la relación entre jueces, educación y Constitución, es una cuestión interpretativa o ideológica. A priori, un tema sesudo, que podría resultar árido. Pero, ah! La grandeza de las maestras –en este caso maestro– que son capaces de explicar casi cualquier cosa para que se entienda.

Antonio Viñao explicaba cómo en la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) sobre la LOMCE, las votaciones se dividieron entre quienes consideraban esta Ley Educativa ajustada a derecho y quienes no, pero llamaba nuestra atención sobre cómo las justificaciones de los votos particulares (contrarios a la constitucionalidad de la LOMCE), eran inusualmente duras y con un claro sesgo ideológico-interpretativo (“antidemocrática, franquista o sexista” fueron algunas de las palabras usadas).

Estos votos en contra, en todo caso, coincidían en que no se había aplicado correctamente el Artículo 10-2 de la Constitución Española (en adelante CE), que remite a los acuerdos y pactos internacionales suscritos por España, y aquí viene el meollo de la cuestión: en concreto la Declaración de Derechos del Niño de 1989, suscrita por España en 1990.

Y es que resulta, que en esa Declaración, en la que por Niño se entiende: ser humano menor de 18 años (Art. 1), se reconoce explícitamente su derecho a recibir una información plural (Art. 13-1) y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (14.1); también establece en el Art. 29 que la creación de centros docentes queda limitada por el respeto a los fines de la educación: preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos…

Y claro, esto entra en contradicción con la jurisprudencia que ha generado tanto el TC como el TS (Tribunal Supremo), que hacen prevalecer el derecho de las familias a una educación moral y religiosa acorde con sus creencias (27-3 CE) y entienden que la libertad de enseñanza (27-1 CE) estará garantizada por la pluralidad de diversos tipos de centros y la libertad de las familias para elegir.

Citando el libro El Art. 27 de la CE. Cuaderno de Quejas, en el capítulo “Sobre el alumnado”, de Alejandro Delgado, se incide en que en España no se reconoce el derecho de reunión y asociación para el alumnado, ni tampoco el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que limita el derecho de las familias y limita todo adoctrinamiento en el currículo y el ideario de los centros concertados.

¡Los derechos de las niñas y los niños, de la juventud! ¡Como seres humanos! ¡Revolucionario! ¿O no? Sabemos que hay una tendencia natural a no entender lo nuevo, a no “ver” aquello que no encaja en la propia experiencia y concepción del mundo.

Habría que reflexionar aquí sobre la independencia del Poder Judicial y la calidad de nuestro sistema democrático y sobre cómo la Transición dejó las estructuras de poder franquistas tal y como estaban.

Y también tendríamos que recordar que la libertad de conciencia infantil tiene historia. En España con la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y Giner de los Ríos y la política educativa de la II República. De hecho, a partir ya del siglo XVIII se reconoce como una etapa de pensamiento propio y se reconoce también la necesidad de protección y tutela frente al adoctrinamiento.

Ahí lo tenéis. ¡Una bola de nieve!

Porque la educación es una responsabilidad de toda la sociedad, porque es un derecho el ser formadas como personas críticas, libres e independientes que sean capaces de mejorar el mundo. Por eso, porque otro mundo mejor es posible, la educación que queremos es laica, diversa, inclusiva y coeducativa. ¡Defiende la pública!

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