CONTRA LOS DESPIDOS POR ENFERMAR

El pasado 30 de Octubre, el Tribunal Constitucional sentenció la adecuación a la legalidad de una medida que supone un nuevo paso atrás en derechos laborales: puede haber despidos de trabajadores que falten más del 20% de los días laborables en dos meses aunque esas bajas estén justificadas. Razonan esta medida por la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”, anteponiendo estos criterios a la salud de las y los trabajadores.

Esta sentencia viene en respuesta a una cuestión planteada por un juzgado barcelonés en relación al artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado por las dos últimas reformas laborales, tanto la de 2010 con el gobierno del PSOE, como la de 2012 con el gobierno del PP. Estos cambios iban encaminados, según los anteriores gobiernos, a frenar el absentismo laboral, pero como vemos el efecto último es un recorte brutal en los derechos laborales que nos retrotrae a principios del siglo XX cuando no a finales del XIX.

Estamos hablando que por faltar, por ejemplo, 9 días laborables en el período de dos meses (incluso de manera justificada) los despidos son procedentes según el Tribunal Constitucional. Esto no hace más que añadir aún más descrédito a las instituciones judiciales que, sentencia tras sentencia, no hacen sino corroborar su más absoluta obediencia a los intereses económicos neoliberales que nos gobiernan, poniendo como objetivo fundamental y sacrosanto los beneficios empresariales, por encima incluso de los derechos más fundamentales.

De un tiempo a esta parte, vemos como los recortes de derechos son cada día más evidentes, ya sea en el plano social, económico, ambiental o laboral como en este caso. Desde la Confederación Intersindical nos oponemos frontalmente al recorte de todo tipo de derechos y creemos que es necesaria la movilización de las y los trabajadores en todos los centros de trabajo del Estado para revertir esta situación y exigimos al previsible nuevo gobierno que tome las medidas legislativas necesarias para acabar con este atropello. Las reformas laborales de 2010 y 2012 deben ser derogadas y debemos avanzar en el camino de la mejora en derechos y no por el retroceso por el que se apuesta desde las diferentes administraciones.

El País