CONTRA LA POLÍTICA LABORAL DE DERECHAS

¡Continuar la lucha contra la política laboral de la derechas!

La situación social de la región sigue estando marcada por los efectos de décadas de políticas de derecha, que el gobierno del PP y su socio predilecto en la Asamblea Regional, Ciudadanos, continúan aplicando. La imposición de estas recetas neoliberales profundizan en los problemas estructurales de nuestra economía, en los problemas medioambientales y sociales y generan profundas injusticias, sobre todo en lo referente al aumento de la desigualdad y el aumento de la precariedad.

La INTERSINDICAL Región Murciana lleva años denunciando cómo los salarios continúan siendo bajos, a pesar de los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional; el desempleo y la precariedad, que no son combatidas de forma eficaz siguen castigando a las personas trabajadoras, sobre todo a la juventud y a las mujeres, que copan el sector más precario, los puestos menos remunerados y las jornadas parciales; mientras la patronal insiste en imponer el aumento de la desregulación de las condiciones laborales y exigir el sacrificio de la clase trabajadora para mantener, y aumentar, los márgenes de beneficios empresariales.

El gobierno regional sigue poniendo excusas para no revertir los recortes que se impusieron sobre servicios públicos esenciales como sanidad, educación o servicios sociales y que tan graves consecuencias tienen tanto a nivel social como económico. Y sigue apostando descaradamente por la externalización y los conciertos, generando una doble red de centros públicos y privados-subvencionados, y permitiendo que empresas privadas gestionen servicios públicos, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones laborales de su personal, y de los servicios públicos prestados.

El Partido Popular, en vez de velar por nuestro patrimonio histórico y natural, por nuestras infraestructuras y las necesidades de su ciudadanía, en vez de combatir estas injusticias y resolver los problemas existentes, actúa para acentuarlos, favoreciendo a determinadas empresas que siguen beneficiándose de millones de euros públicos, y no toma medidas para defender los servicios públicos y respetar los derechos de las y los trabajadores de la Región murciana. Este gobierno y sus políticas laborales de derecha legitiman “niveles aceptables” de precariedad permitiendo y consolidando altas tasas de interinidad en sanidad o educación, el abuso de la contratación a tiempo parcial y de los contratos en prácticas, los falsos autónomos o el impago de las horas extras, entre otras cuestiones.

Evidentemente, estas políticas del gobierno regional del PP que mantienen y profundizan la precariedad de la clase trabajadora sólo pueden merecer el rechazo, la protesta y la lucha de la sociedad murciana.

Ha sido con la lucha que mantienen los pensionistas que se ha conseguido avanzar, aunque no lo suficiente, hacia unas pensiones públicas dignas; ha sido la lucha contínua de miles de murcianas y murcianos la que ha conseguido que el soterramiento del AVE en Murcia se vaya a hacer realidad a pesar de la represión y de las amenazas del Partido Popular y la patronal que come de su mano; ha sido la huelga del 8 de marzo y la lucha organizada del movimiento feminista los que han inundado las calles de toda España para poner freno al patriarcado; o la huelga mantenida por el sector del taxi en nuestra región y en la casi totalidad de España en contra de la liberalización de este sector hasta alcanzar una serie de acuerdos con el nuevo gobierno central.

Desde La INTERSINDICAL Región murciana sabemos que es desde la lucha de las y los trabajadores donde se encuentra la solución a los problemas. Está en sus manos organizarse y actuar para superar los obstáculos que las políticas de derecha les pone y mejorar sus condiciones laborales y su calidad de vida. Si, la resistencia y la lucha es la mejor forma de defender, recuperar y reconquistar derechos como el aumento de los salarios de toda la clase trabajadora, la derogación de las últimas reformas laborales, las 35 horas de trabajo semanal para todas las trabajadoras y trabajadores, el fin de todas las formas de precariedad, el empleo estable y con derechos, el aumento de las pensiones y la mejora de los servicios públicos como la sanidad, la enseñanza, la justicia o la cultura.

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