CONTRA EL ‘LABORATORIO DE INNOVACIÓN’ EMPRESARIAL

Ante la noticia aparecida en diversos medios de comunicación acerca del convenio firmado entre la Comunidad Autónoma y Croem para crear un “laboratorio de innovación que identifique y reduzca cargas administrativas”, Intersindical asegura que se opondrá a cualquier intento de la administración regional murciana por menoscabar los derechos de la ciudadanía.

Desde esta organización sindical recuerdan que ya en 2018 estuvieron en contra, hasta su paralización, de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA), el organismo que facilitaba a las empresas saltarse las leyes medioambientales, y que denunciará cualquier intento por parte de Administración o patronal por saltarse la ley.

Según la noticia publicada, el gobierno regional murciano, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) van a crear un “‘Laboratorio de innovación’ con el que identificar las cargas administrativas para su eliminación y favorecer la actividad empresarial”. El consiguiente acuerdo firmado “incluye el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que habrían de aplicarse para flexibilizar la estructura de la Administración Pública y superar las dificultades que pueden encontrar las empresas para relacionarse con ella.”

Hace sólo dos años del último intento del tándem CARM-CROEM de crear una agencia público-privada que en su momento puso en peligro el interés general en favor de intereses privados. La Agencia ARCA, bajo la fachada de la simplificación administrativa, liquidaba la estructura medioambiental de la administración regional. 

Este ‘caballo de Troya’ de capital privado entra de nuevo en acción. Si en aquel momento se dejaban las normativas de protección ambiental, incluidas las de control y sancionadoras, al criterio de las organizaciones empresariales, este ‘Laboratorio de Innovación’, bajo la excusa del “ahorro” y la “simplificación”, parece que viene dispuesto a pasar por encima de cualquier regulación normativa.

Resulta especialmente sonrojante que el gobierno regional murciano, que debe ser garante de que se cumplan las leyes y los acuerdos sindicales, admita a la CROEM decir que celebrarán “jornadas con empresarios, con el objetivo de que puedan manifestar directamente cuáles son las trabas más importantes que afectan a las empresas”. Intersindical recuerda a la organización empresarial que existen leyes que cualquier empresa debe cumplir, que es su deber cumplirlas y que es deber del sistema público velar porque estas leyes se cumplan, afecten a quien afecten.

Intersindical Región Murciana estará muy atenta a cualquier paso que vaya a dar este convenio CARM-CROEM y denunciará cualquier intento por parte de Administración o patronal de saltarse la ley. Asimismo, exige al gobierno de López Miras que dote a la Administración regional murciana de los suficientes medios humanos y materiales para garantizar el cumplimiento de la ley.

Si en 2018 la unión y movilización del personal empleado público tumbaron un proyecto alegal, 2021 será el momento de parar un nuevo ensayo de privatización de la Administración regional murciana.